La Contraloría de Bogotá le envió una advertencia fiscal al Alcalde Mayor de la capital, Gustavo Petro, con el objetivo de evitar que se siga incrementando un daño patrimonial, que hoy supera los 1.000 millones de pesos, por la no utilización de la obra construida y recibida hace dos años para el funcionamiento de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda.

El ente de control estableció que a pesar de que desde el 3 de mayo de 2010 el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) recibió dicha obra, el inmueble permaneció totalmente desocupado por 24 meses, pues solamente hasta el 29 de febrero de 2012 parte del mismo fue entregado para el funcionamiento de la Estación de Policía de esta localidad.

Hasta el momento, el FVS no ha puesto en funcionamiento el área correspondiente a la UPJ, por lo cual esta sigue funcionando en la carrera 32 No. 14-20, a donde aún son llevadas las personas detenidas transitoriamente sin que este lugar cuente con las especificaciones técnicas requeridas.

Por estas instalaciones la Secretaría de Gobierno paga una renta mensual que supera los 52 millones de pesos, contrato de arrendamiento que se sustenta en la no disponibilidad de las áreas construidas.

Las instalaciones correspondientes a la UPJ , es decir, las áreas para retenidos, y las dependencias para la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía , el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y lo correspondiente a la parte administrativa de la UPJ , no han sido adecuadas ni entrado en operación.

La construcción de este inmueble, que consta de 2.892 metros cuadrados, le costó al Distrito 3.660 millones de pesos, inversión que según el organismo de control no ha cumplido con los fines esenciales para los cuales fue realizada.

Para la Contraloría de Bogotá, el riesgo de detrimento patrimonial lo constituye el lucro cesante que genera la no utilización de las áreas construidas y el daño emergente que representa el pago mensual desde julio de 2010, fecha en que se prorrogó y adicionó el contrato de arrendamiento, pese a que tres meses antes el FVS había recibido las obras.

Adicionalmente, los auditores de la Contraloría de Bogotá pudieron establecer un deterioro progresivo en la nueva construcción, pues evidenciaron fisuras sectorizadas en los acabados de pisos y agrietamiento del pavimento en las zonas de acceso.

El Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, solicitó al Alcalde Mayor, informar antes de cinco días hábiles, las acciones que se adoptarán para evitar que se siga incrementando el daño patrimonial por el pago de arrendamiento, lograr que los 3.660 millones de pesos invertidos cumplan con los fines estatales previstos e impedir el aumento del deterioro de la obra.