–El inhabilitado juez español Baltasar Garzón confirmó viaje al departamento del Cauca para emprender una mediación ante las comunidades indígenas para tratar de superar la rebelión en que se declararon contra la guerrilla y las Fuerzas militares.

Según se informó, el exmagistrado de la Audiencia Nacional en España y actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, se encontrará con los lideres indígenas en la finca Las Palmas, en la cual se concentran numerosas familias desplazadas por los ataques de las Farc y los enfrentamientos con la fuerza pública.

Los indígenas del Cauca pretenden que tanto la guerrilla como el Ejercito y la Policia abandonen el territorio caucano, para ellos asumir el control territorial de sus pueblos, a través de la llamada guardia indígena.

Garzón, quien fue nombrado por el presidente Juan Manuel Santos como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz OEA (MAPP-OEA) en Colombia, se encontraba este fin de semana en Ecuador donde coordina una veeduría internacional sobre el proceso de reestructuración del sistema judicial.

Allí confirmó que los indígenas colombianos le habían pedido interponer sus buenos oficios para mediar en el conflicto armado en Colombia.

Garzón, que se hizo célebre por haber ordenado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres por violación de los derechos humanos, dijo que aceptó la solicitud tras destacar que mantiene una «relación» desde hace «muchos años» con las comunidades indígenas del Cauca y que trabajado en «muchos temas» con ellas.

En esa oportunidad dijo que de aceptar el encargo, sus esfuerzos estarán encaminados a lograr un «encuentro satisfactorio y una conciliación satisfactoria entre los intereses del Estado colombiano y de las comunidades».

«Siempre he estado dispuesto y lo estaré», añadió.

El año pasado por encargo del presidente Santos, Baltasar Garzón asesoró a la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos al Proceso de Paz con los grupos paramilitares en Colombia y entregó un informe al Gobierno nacional sobre el particular.

Se recuerda que en febrero pasado el Tribunal Supremo español inhabilitó por once años a Garzón al encontrarlo culpable del delito de prevaricato por intervenir conversaciones telefónicas entre unos reclusos y abogados en una investigación sobre una presunta red de corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.