La Fiscalía General ordenó la captura de un coronel del ejército, así como de ocho militares y policías en retiro, por su presunta responsabilidad en la masacre de Trujillo, donde entre 1986 y 1994 fueron asesinadas casi 200 personas.
También se dispuso la captura de diez civiles por el mismo caso, confirmó a la AP la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General.
Las 19 personas, incluyendo al coronel del ejército Wilfredo Ruiz Silva, son buscados por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir y homicidio.
Todas las personas requeridas permanecen prófugas a pesar de que las órdenes de captura fueron emitidas hace más de un mes, pero se filtraron a la prensa lo que, según los investigadores, dificulta las detenciones, indicaron funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos que declinaron ser identificados por carecer de autoridad para hablar del tema.
De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Ruiz Silva –quien era un teniente en la época de los asesinatos de Trujillo– junto a varios de los ahora retirados militares y policías buscados por las autoridades habrían tenido responsabilidad en algunos de los crímenes.
Por aquellos asesinatos, y entre las ordenes de capturas emitidas por la Fiscalía, figura una contra el coronel retirado del ejército, Hernán Contreras Peña, quien para la época de los asesinatos se desempeñaba como comandante del Batallón Palacé, la unidad militar cercana a Trujillo, un municipio cafetero en el departamento de Valle del Cauca.
Según los investigadores de la Fiscalía, algunos de los 19 implicados estuvieron relacionados con el homicidio del sacerdote de Trujillo, Tiberio Fernández, asesinado en enero de 1990.
Para la Fiscalía, la cadena de homicidios –cometidos en Trujillo y otras dos poblados vecinos durante casi una década—fue producto de una siniestra alianza entre militares, paramilitares y narcotraficantes que buscaban desalojar a rebeldes de la región y consolidar sus rutas para el tráfico de drogas.
Los homicidios cometidos en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío permanecieron en la impunidad hasta hace un par de meses cuando la fiscal Gilma Lucy Cárdenas se dio a la tarea de desempolvar el expediente del caso y comenzar a encausar a algunos de los responsables.
Informacion AP
