El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, señaló que “dejar de castigar al delincuente no es la solución”, refiriéndose a la iniciativa presentada en el sentido de despenalizar ciertas conductas para mitigar la grave situación carcelaria que viven el país y la ciudad.

“La privación de la libertad que se imponga debe ejecutarse en el marco del respeto de la dignidad y de los derechos humanos”, indicó el Personero Distrital.

Además manifestó que “no se puede desestimular a las autoridades de policía”. De acuerdo con el funcionario, en Bogotá existen 17.251 internos, de los cuales 2.491 han sido judicializados por los delitos de fabricación, tráfico y/o porte de armas de fuego o municiones.

“Si se hace un análisis, la judicialización de estas personas ha producido una disminución de la violencia en la Capital”, explicó Cañón.

Y agregó que “el problema no se soluciona buscando el ahogado río arriba”. Por ejemplo, las autoridades judiciales no han resuelto la situación de 2.753 personas que ya cumplieron su pena y/o que tienen derecho a los subrogados penales, pero continúan privados de la libertad en las cárceles y eso constituye una vulneración a sus derechos.