Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la instalación de sistemas de georreferencia y rastreo en toda la maquinaria que ingrese al país. Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, explicó, además, que se endurecerán los requisitos a las empresas importadoras de estos equipos, con el fin de evitar el contrabando.

En lo que tiene que ver con la destrucción de la maquinaria dedicada a la minería ilegal, Uribe dijo que este será un procedimiento que se empleará como última instancia si la Policía comprueba, luego de verificar los registros de los ministerios de Minas y Ambiente, que no existe una licencia o un título.
La idea del Gobierno es trazar una línea clara entre la minería ilegal y la minería artesanal.
“La minería criminal tendrá casi la misma naturaleza que el narcotráfico, pues se asociará al lavado de activos”, explicó Uribe, en referencia a la reforma del Código Penal que llegará la próxima semana al Congreso.
La iniciativa incluirá un capítulo en el que se aumentan las sanciones penales por delitos contra el medio ambiente.

Pero en lo que tiene que ver con la minería artesanal, se hará énfasis en la regularización, más no en la persecución. “Una cosa son las guerrillas, las bacrim y quienes se benefician de la minería para lucrase y otra la minería informal”, enfatizó el ministro de Minas, Federico Renjifo.

El Gobierno estima que en el país hay 15 unidades mineras en estado de informalidad. Buscando que se adecuen a la ley, ya se está implementando una estrategia conjunta con la Agencia Nacional de Minería (ANM).

“La idea es que la gente entienda que tener títulos y licencias ambientales no la perjudica. Esa política la vamos a implementar mucho más a partir del próximo año”, explicó Renjifo.