El presidente Juan Manuel Santos manifestó que la Corte Internacional de La Haya, cometió errores graves que afectan negativamente a Colombia, al no limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, y resolver extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago de San Andrés y Providencia.

“No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente”, afirmó Santos, quien además explicó que “la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense, lo que significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas”.

Para el Presidente, La Haya contradijo una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconociendo otros tratados de límites suscritos por Colombia, “creando toda una serie de complejidades entre los países del Caribe, que nos obliga a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas”.

También aseveró que “tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales”.

“Inexplicablemente –después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva– la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago”, agregó.

Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago.

“Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”, dijo enfáticamente.

De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, del fallo de la Corte Internacional de La Haya “se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima”.

Según el artículo 101 de la Constitución de Colombia, ‘los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”, recordó Santos; por lo que no dudó en decir que el Gobierno no dudará “en descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”.

Y reiteró que la Corte Constitucional ha dicho que estos tratados –es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser aprobados por reforma constitucional.

“Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago; y para lograrlo, necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución”, aseveró.

Y señaló que “soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas”.