Con la presencia del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el Director de la Policía Nacional Mayor General José Roberto León Riaño, y los Alcaldes de Tumaco, Ipiales y Pasto así como a los presidentes de la Cámaras de Comercio este sábado se llevará cabo un consejo de seguridad en la ciudad fronteriza.

Así se desprende de una proposición que fue presentada por el senador Manuel Enríquez Rosero, que advirtió que el crecimiento considerable de los hechos delincuenciales y criminales en la ciudad de San Juan de Pasto, Tumaco e Ipiales en Nariño, mantienen en alerta a las autoridades locales, regionales y a los ciudadanos.

“En mi calidad de Ciudadano-Senador he recorrido sus calles y he conversado con sus habitantes, con el propósito de construir posibles soluciones a este problema que va en aumento en el llamado triángulo de oro del departamento de Nariño. Los habitantes de Tumaco, Ipiales y Pasto tienen hoy una preocupación general, No existe el número suficiente de uniformados que logren contrarrestar el accionar de los grupos delincuenciales en las tres ciudades.”, recordó el legislador.

Por ejemplo, en el caso particular de Pasto –dijo- hoy cuenta con apenas un poco más de 500 policías que se dedican a la vigilancia de la ciudad, la cual tiene más de 400.000 habitantes. Si se observa, se tiene a un agente de policía para vigilar a más de mil personas. Es decir, el déficit es muy grande, se hace necesario y urgente acoger la petición de los ciudadanos de montar CAI móviles. El programa de entrada exige personal, igualmente ampliar el pie de fuerza en los CAI.

Enríquez Rosero recordó que desde el Congreso y a lo largo del 2012 acompañó de manera permanente al alcalde de Pasto Harold Guerrero, así como de Tumaco e Ipiales quienes han adelantado múltiples peticiones al Gobierno para que se envíen más policías y recursos a la ciudad con el fin de contrarrestar la violencia.

El senador del partido de la U indicó que el índice de desempleo en Tumaco, Pasto e Ipiales en vez de disminuir aumenta porque en las tres ciudades se sienten los efectos del desempleo de la zona urbana y rural, por falta de oportunidades laborales, muchos de los campesinos que tienen alguna ocupación viven con menos del salario mínimo. Las estadísticas son contundentes el 90 por ciento de las personas rurales que tienen algún trabajo en actividades agropecuarias, mineras o turísticas, son informales.

“El departamento pasa por uno de sus peores momentos en materia económica, problema que se acrecentó con la pérdida de los dineros de la gente en las captadoras ilegales -‘pirámides’- en el 2009, donde cerca del 85 por ciento de los habitantes se vieron afectados”, subrayó

Más adelante afirmó que los distintos sectores de la sociedad nariñense advierten que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo y garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad y la atención del sector rural, más aún en los sitios lejanos, donde hay una situación grave de orden público y la siembra de cultivos ilícitos.

Finalmente el senador Manuel Enríquez Rosero sostuvo que “en esos sitios las familias campesinas ni siquiera son los dueños de las tierras, sino desplazados. Es un tema que debe ser liderado por el presidente Juan Manuel Santos y su Gabinete con el propósito de encontrarle fórmulas de solución, con la respectiva viabilidad financiera y presupuestal. Tras el último Acuerdo para la prosperidad quedó la sensación entre la opinión pública que la problemática socio-económica en el departamento de Nariño está en sobre-diagnóstico. Lo que se requiere son medidas urgentes y viables para detener la violencia protagonizada por la guerrilla, la delincuencia organizada y las Bacrim”.
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