La Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa; el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria; y el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo, dieron a conocer los decretos 2733 y 2734 que garantizan medidas de habitación, alimentación y transporte para mujeres víctimas de violencia de género, y la deducción de impuestos para los empleadores que las contraten.
Estos decretos permitirán materializar los derechos de las mujeres que han sufrido por hechos de violencia intrafamiliar, violencia y acoso sexual, agresiones físicas, lesiones personales y detrimento patrimonial por parte del cónyuge; según la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer sólo durante el 2011 se presentaron más de 50.000 casos de violencia de género en el país.
La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, destacó al respecto la importancia del sector justicia, y en particular de los comisarios de familia, y sus responsabilidades en relación con la implementación de estos decretos, el acceso a la justicia y el otorgamiento de las primeras medidas de atención y protección que se adoptan.
“El comisario de familia se constituye en una pieza clave del engranaje no sólo a la hora de ordenar dichas medidas sino también a la hora de garantizar el acceso a la justicia. En torno a ese comisario de familia giran todas las medidas a adoptar, ante él puede acudir la mujer que ha sido víctima de la violencia intrafamiliar con el fin de que si no ha sido atendida físicamente, la envíe a la EPS o a la red pública de salud”, explicó la jefa de la cartera de la justicia.
La alta funcionaria también señaló que los comisarios de familia tienen la tarea de remitir el caso a la Policía para que se evalúe el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima.
“Ya existen 1.217 comisarios de familia en todo el país, así que las mujeres tienen garantizado que existe una autoridad competente para adelantar las primeras diligencias que garanticen su protección, atención y acceso a la justicia. En los municipios donde no haya comisarios de familia se puede acudir al juez civil municipal o si no ante el juez promiscuo de familia. En cada municipio del país hay un juez”, indicó la Ministra.
Además, aclaró que los casos en los que se presente la agresión por personas distintas a los miembros de la familia de la víctima serán atendidos por la Fiscalía General de la Nación.
El Ministerio de Justicia no sólo está estableciendo los lineamientos en estos temas sino que socializará con los comisarios de familia las pautas para la atención integral a víctimas de violencia de género a través de jornadas que iniciarán el próximo mes de mayo.
En cuanto a la deducción de impuestos, estos decretos establecen que todos aquellos contribuyentes obligados a tributar, y que en su condición de empleadores ocupen a mujeres víctimas de violencia comprobada, serán beneficiados con rebajas impositivas por un lapso de tres años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral.
