La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) pidió este miércoles al Gobierno Nacional acelerar el programa de chatarrización de vehículos de transporte de carga, y agregó que dicha iniciativa muestra una ejecución muy pobre, comparada con los recursos aportados por el sector transportador para estos fines.
Según lo indicó el presidente de Colfecar, Jaime Sorzano Serrano, entre los años 2008 y 2013 los transportadores entregaron recursos derivados de las pólizas de chatarrización en cuantía de 1,196 billones de pesos, recaudados por el Ministerio de transporte, de los cuales tan solo se han utilizado 0,24 billones de pesos para la chatarrización, es decir escasamente el 24.6% de dichos recursos. Existe un saldo por ejecutar de 0,9 billones de pesos, los cuales permanecen congelados a disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sorzano Serrano denunció que “la cartera de Hacienda apropió para el presente año la irrisoria suma de 30 mil millones de pesos para chatarrización vehicular, lo cual no corresponde ni al espíritu legal y normativo, el cual dispone que dichos recursos deben ser dedicados específicamente para estos programas”.
El dirigente gremial señaló que de los 255.000 vehículos de servicio público, al menos el 30% equivalente a unos 75.000 vehículos corresponden a modelos anteriores a 1990, los cuales están en mora de su desintegración física.
“Con los recursos disponibles en poder del Ministerio de Hacienda se podrían chatarrizar unos 23.000 vehículos de carga, cuyo impacto en la racionalización del parque automotor, en su modernización, en la disminución de los niveles de polución medioambiental y en la conservación vial, no son desconocidos”, puntualizó Sorzano.
Colfecar solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso, establecer el mecanismo legal para trasladar el saldo pendiente por ejecutar, cercano al billón de pesos al Fondo Cuenta de Renovación de Vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, creado mediante Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual hasta la fecha carece de los recursos que le han de dar vigencia al mandato de la Ley.
