El grupo chií libanés Hizbulá ha negado los supuestos vínculos con el tráfico de drogas entre Colombia y Oriente Medio que le han atribuido la Fiscalía General, según dos comunicados emitidos por la organización.

Las notas explican que el responsable de Relaciones Internacionales de Hizbulá, Nawaf al Musawi, entregó ayer una carta a la embajadora de Colombia en Beirut, Georgina Mallat, en la que niega dichas acusaciones.

Según los textos, Musawi explicó a la embajadora que “Hizbulá es un movimiento de resistencia y un partido político libanés, que tiene una gran base popular y aliados en todas las regiones libanesas, con representación parlamentaria y miembros en el Gobierno libanés”.

Además, señaló que “es vergonzoso y un insulto para el pueblo libanés, así como para todos los movimientos de resistencia, tachar a Hizbulá de terrorista y criminal”.

Hizbulá atribuye las acusaciones a una campaña de “la entidad sionista”, esto es, Israel, para desprestigiar al grupo chií.

“Negamos de modo categórico las acusaciones y reafirmamos nuestra amistad con el pueblo colombiano”, dijo Musawi.

Además, el responsable de Hizbulá pidió a Mallat que trasmita el contenido de la misiva a las autoridades colombianas y ha ofrecido su colaboración para esclarecer los hechos.

Asimismo, aseguró que Hizbulá desea “la estabilidad y la prosperidad de Colombia y de otros países de Latinoamérica, que hacen frente a la hegemonía imperial de EEUU” y que “luchan por las libertades y los derechos sociales”, apuntaron los comunicados.

Por último, Musawi explicó que su partido obra por la “unidad de la patria, por una democracia consensual y para construir un Estado fuerte y justo” y aseguró que “la resistencia se ha convertido en un modelo contra la ocupación y la agresión” de Israel.

La Fiscalía General colombiana informó ayer de una operación antidroga en la que han sido arrestados tres ciudadanos árabes -Chekry Mahmoud Harb, Ali Mohamad Abdul Rahim y Zacaria Hussein Harb- que supuestamente coordinaban el envío de alijos de droga a Oriente Medio y el ingreso en Colombia, mediante “empresas tapadera”, de los beneficios de estas operaciones.

Una parte del dinero era destinado a la “supuesta financiación de grupos terroristas, como Hizbulá”, según la Fiscalía.