–El Presidente Álvaro Uribe Vélez se dispone a iniciar a esta hora en Cali una reunion con los representantes de la marcha de las comunidades indígenas del Cauca, para tratar de darle solucion a sus demandas y buscar que retornen a sus cabildos. Los lideres de la movilización advirtieron que si no obtienen soluciones concretas, más de 30.000 nativos seguirán la marcha hasta Bogotá.

Aunque los lideres de la movilización habian dicho que el encuentro debia ser con todos los 20 o 30 mil marchantes, al Teatro Estudio del Canal Regional Telepacífico, ubicado en la calle 5ª número 38 A – 14, solo podran ingresar unos 350 personas, que es la capacidad maxima del escenario, por lo que a la reunión asistirán los líderes más representativos de dichas comunidades.

Segun informo la presidencia de la republica, el Gobierno Nacional ha querido que este sea un encuentro de cara al país, por lo que habrá transmisión en directo por el Canal Institucional –a nivel nacional- durante todo el tiempo que dure la reunión.

El Plan Colombia, la Declaración Universal de Pueblos Indígenas y temas ambientales en el territorio indígena, serán algunos de los puntos que se abordarán durante la reunión.

Por parte del Gobierno Nacional asistirán los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; de Defensa, Juan Manuel Santos; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de la Protección Social, Diego Palacio, y de Ambiente y Vivienda, Juan Lozano.

También estarán presentes la Cúpula Militar y el Director de la Policía Nacional, así como el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el Alto Consejero para las Regiones y la Competitividad, Miguel Peñalosa, y varios viceministros.

El presidente Uribe buscará una solucion a la grave crisis social planteada por los aborígenes que marcharon desde sus diferentes cabildos en todo el territorio nacional y provocaron mas de un problema de orden publico, especialmente en el departamento del Cauca.

La Procuraduría General de la Nacion divulgo un informe en el cual identificó 4 obstáculos para la entrega de tierras, que es la principal reclamacion de los indígenas. Van desde la negativa de los propietarios a vender terrenos, hasta el rechazo de otras comunidades.

Los obstáculos a la entrega de tierras están consignados en un informe que la procuradora delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos envió al jefe del Ministerio Público, Edgardo Maya, con fecha del pasado 16 de octubre.

El estudio se refiere a las 15.663 hectáreas a las que tienen derecho los indígenas paeces como reparación por la masacre de El Nilo (Cauca), en 1991, en la que murieron 20 nativos.

El primero de los problemas es que algunos terrenos que quieren tener los indígenas son de particulares que no están dispuestos a negociar: “Se han presentado dificultades en la adquisición de predios porque las comunidades han priorizado algunos que no han sido ofertados por los propietarios, quienes han manifestado que no les interesa venderlas”.

La segunda traba es de las administraciones municipales, las comunidades negras y de campesinos que “se oponen a la compra de predios con destino a los indígenas” en Santander de Quilichao, Miranda, Corinto y Caloto.

Un tercer obstáculo, a juicio de la Procuraduría, tiene que ver con “las ocupaciones de hecho de algunos predios por parte de los indígenas, que han generado situaciones de violencia y han provocado la suspensión del proceso por parte del Gobierno”.

Y el último de los escollos es el aumento del costo de los terrenos “especialmente en el Cauca, que supera los cálculos iniciales y el valor promedio nacional de la tierra”.

El informe de la Procuraduría destaca el último acuerdo suscrito entre las partes el 13 de septiembre del 2005, en el que se pactó incorporar 24.600 millones de pesos en los presupuestos del 2006 y el 2007.

No obstante, los dineros asignados para estos años, aunque fueron apropiados, no se ejecutaron en las correspondientes vigencias.

El Ministerio Público advirtió que en dicho acuerdo el Gobierno se comprometió a adquirir 6.615 hectáreas, pero que en los últimos cuatro años solo se han comprado 2.818 hectáreas: “Esto es el 42,6 por ciento de lo prometido”, señaló el organismo de control.

En el informe se resalta el incumplimento de un estudio por parte del Incoder para identificar los predios donde se podrían comprar las hectáreas restantes y establecer su calidad productiva y costos.

El presidente Uribe ha dicho que las 3.797 hectáreas que faltan serán adquiridas en los próximos 14 meses: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para comprar este año 2 mil hectáreas, y el año entrante 1.797 hectáreas”, dijo el mandatario la semana pasada, en medio de los enfrentamientos de la Fuerza Pública y los indígenas.

Hay un segundo compromiso de tierras que falta por cumplir. Se trata de un decreto de 1999, que pretende desarrollar la política integral indígena y obliga la compra de otras 8.000 hectáreas para las comunidades nativas.

Sobre este decreto, Uribe explicó que ya se han adquirido 4.673 hectáreas, para lo que el Gobierno ha desembolsado 33 mil millones de pesos. De estas hectáreas faltan por comprar 1.000 en Caldono, cuya negociación se ha frustrado porque los recursos previstos estaban muy por debajo del valor comercial de los predios.

El Ministerio Público, en sus conclusiones, afirma que el decreto de 1999, “se ha venido cumpliendo parcial y precariamente”.

Los indígenas tienen una queja adicional. Dicen que de las 31,2 millones de hectáreas tituladas a los resguardos, 24,7 millones (el 79 por ciento) quedan en la Amazonía y la Orinoquía, en territorios no productivos. Allí, dicen, habitan 71 mil indígenas: el 5 por ciento de su población.