–La guerrilla de las Farc planteó hoy nuevas exigencias en el marco de los diálogos con el gobierno en Cuba, que van desde la eliminación de la Cámara de Representantes hasta la implantación de una nueva regulación para los medios de información, la cofinanciación estatal de espacios en prensa radio, televisión e internet a fuerzas políticas opositoras, incluida la comunidad LGTBI, y la “participación social y popular” en organismos rectores de la economía nacional, como el CONPES, el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y la Junta Directiva del Banco de la República.

Las precisiones las hizo el grupo guerrillero en un nuevo comunicado expedido hoy por los negociadores en La Habana, en el cual amplia los alcances de los puntos del 3 al 6, de las 10 propuestas mínimas que formuló la víspera, enmarcadas en lo que llama “ Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional”.

Dentro de las “garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final”, el grupo guerrillero plantea que se le debe “garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros”.

Así mismo propone la sustitución de la actual Cámara de Representantes, por una Cámara Territorial en la que, dice, “ se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Los términos del documento, son los siguientes:

3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final

De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.

4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación

Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.

5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios

La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.

6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.

El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.

En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población