La familia del grafitero Diego Felipe Becerra, exigió al estado reparación por 5.600 millones por el homicidio del joven a manos de un patrullero hace dos años.

El pasado 6 de agosto, ante la Procuraduría fue radicada la solicitud de conciliación de una millonaria demanda contra el Estado por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra.

La abogada de la familia informó al Ministerio Público de la pretensión, en cumplimiento de la obligación legal de buscar una conciliación antes de iniciar una demanda contra la Nación.

En este caso, los demandados son la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, y el monto de lo reclamado supera los 5.600 millones de pesos. Esa suma es la que, según la familia de Diego Felipe, valen los daños morales y patrimoniales derivados de los hechos del 19 de agosto del 2011, cuando el joven murió a manos del patrullero Wílmer Alarcón.

Además del homicidio como tal, los reclamos incluyen las afectaciones al derecho al buen nombre, derivadas de los falsos señalamientos contra la víctima, que fue presentada como un supuesto delincuente armado.

La madre de Diego Felipe, su padrastro, sus abuelas, un primo que vivía con él y hasta su nana aparecen en el listado de personas que, según la demanda, terminaron afectadas por el hecho.
La pretensión incluye el pago de 63 millones por lucro cesante: la plata que el muchacho habría dado como “apoyo a su madre en el futuro”.

También menciona como afectados a varios tíos, otros primos y los tres amigos de Diego que iban con él la noche de los trágicos hechos.

Las investigaciones de Fiscalía y Procuraduría han demostrado que Diego Felipe murió de un balazo en la espalda, hecho a corta distancia. La escena de la muerte fue alterada mientras estuvo bajo custodia policial y por eso, además de Alarcón, han sido vinculados dos coroneles, varios policías y Héctor Ruiz, exasesor legal de la Policía Metropolitana de Bogotá. También un conductor de buseta que, según la Fiscalía, falseó su testimonio para involucrar al grafitero en un atraco que en realidad ocurrió un día antes.

La demanda, asegura que el patrullero Alarcón “incumplió el deber constitucional” de proteger a todos los colombianos y recuerda que el fiscal Eduardo Montealegre, al referirse al caso en el Congreso, lo calificó como un “falso positivo urbano”.