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Jorge Noguera no será enjuiciado por chuzadas del DAS

jorge-noguera1–El exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, no será procesado por las chuzadas telefónicas, ni por abuso de autoridad, porque estos delitos ya precribieron, según lo confirmó su abogado Gerardo Quiñonez.

La prescripción de estos delitos la determinó la Corte Suprema de Justicia, por haber transcurrido cinco años sin haber sido llamado a juicio.

Según la Sala Penal de la Corte, los delitos ya prescribieron porque los términos se deben contabilizar desde la fecha en asumió como director del DAS, hecho que se produjo el 26 de octubre de 2005.

Ahora, Noguera Cotes seguirá siendo procesado únicamente por el delito de concierto para delinquir.

Sin embargo, el exdirector del DAS ha desconocido la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que no es su juez natural, hasta el punto que se ha negado a atender las citaciones a las respectivas audiencias.

Mientras tanto, el representante de las víctimas de las chuzadas ilegales del DAS, Luis Guillermo Pérez anunció que interpondrán un recurso de reposición para que se determine si la prescripción se debe contar a partir de la ocurrencia de los hechos o a partir de su conocimiento.

De todas maneras, Noguera deberá cumplir una condena de 25 años de cárcel que le impuso en el 2011 la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, falsedad por ocultamiento y uso ilegal de información privilegiada.

El delito de homicidio corresponde al asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

A la pena se agrega una multa de 6.500 salarios mínimos, equivalentes a 3 mil 400 millones de pesos.

Durante el juicio que duró más de tres años (juicio que fue anulado y reiniciado en tres ocasiónes), el ente investigador señaló que Noguera Cotes facilitó la base de datos de la institución a los paramilitares, además de la eliminación de antecedentes penales a narcotraficantes y a otras personas requeridas por la justicia.

En un proceso disciplinario previo, Noguera Cotes fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años por parte de la Procuraduría que lo consideró responsable de colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia.