–El sistema de justicia interamericano, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, está facultado para pedir que se revoque la sanción al alcalde de Bogotá Gustavo Petro, afirmó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en medio del debate que suscitó su decisión de adelantar una inspección a la Procuraduría para auscultar los documentos y pruebas sobre las cuales se basó para sancionar al mandatario Distrital.

Según el jefe del organismo investigador, la jurisprudencia internacional ha señalado que quienes son elegidos mediante el voto popular solo pueden ser destituidos después de que se haya presentado una sentencia judicial ejecutoriada y, advirtió, la Procuraduría no es un ente de carácter judicial.

En este sentido, el Fiscal Montealegre dijo que debe hacerse una reforma al esquema actual que se aplica para los procesos disciplinarios del país porque se está aplicando un sistema anacrónico y medieval y pidió que se reforme para que se modernice y sea más garantista de los derechos humanos.

Además se pronunció a favor de la eliminación de la reelección del Procurador.

“En materia disciplinaria seguimos anclados a modelos absolutamente medievales, modelos inquisitivos, modelos secretos que ya están absolutamente superados”, señaló Montealegre.

Para el jefe del ente acusador, “no puede ser posible que en el derecho administrativo sancionador, en el derecho disciplinario, el mismo funcionario abre la investigación, hace la apertura, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia de primera instancia y la misma institución falla en segunda instancia. Ese mecanismo que contempla la Constitución es un monopolio oprobioso y carente de garantías”, por eso debe abrirse un debate sobre la competencia del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios que tienen origen popular, enfatizó Montealegre.

Agregó que “es altamente antidemocrático que un funcionario elegido popularmente, un senador de la república, un alcalde, sea destituido a través de un proceso que no es garantista por un funcionario que no tiene naturaleza judicial».

Expresó, además, que «si bien la Corte Constitucional dijo que sí tenía esa competencia, me parece que si se hace un análisis de nuestra constitución frente al bloque de constitucionalidad, si vamos a un control de convencionalidad de nuestra constitución, nuestra constitución se va a ver en dificultades en los escenarios internacionales que sostienen que frente a los funcionarios elegidos popularmente, esa destitución solo puede darse por un juez”.

«Me parece que debemos cambiar el diseño actual de la procuraduría frente a los procesos penales», concluyó el Fiscal Montealegre.