El presidente de la comisionista de bolsa, Rodrigo Jaramillo, y los tres principales inversionistas, Alessandro Corridori, Javier Villadiego y Carlos Arturo Neira, fueron recluidos en la noche del viernes en la cárcel La Picota, de Bogotá, luego de que la juez 64 con función de garantías avalara la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel a seis a los involucrados en el descalabro financiero.

Entre tanto, la ex funcionaria Claudia Jaramillo fue enviada a la cárcel el Buen Pastor y María Eugenía Jaramillo fue cobijada con el beneficio de casa por cárcel. Mientras que Jorge Mauricio Infante Niño y los hermanos Eduardo y Luz Andrea Colmenares quedaron en libertad.

En la determinación, la juez negó el beneficio de casa por cárcel a los cinco implicados de mayor responsabilidad, teniendo en cuenta que la conducta de estas personas “afectó la confianza de los órganos de valores del país y de los ciudadanos”.

La impartidora de justicia señaló que aunque “en este caso los implicados han asistido a todas las diligencias que hasta el momento se han efectuado”, los implicados pusieron en riesgo la seguridad pública.

Agregó que “la rentabilidad del negocio fue lo que motivó a los imputados a apostar por el negocio, lo que después generó el riesgo de la comisionista. Fue ello lo que conllevó a que el grupo InterBolsa aceptara a exponer a la compañía a una situación de liquidez”.

De acuerdo con la Fiscalía, en el momento de la imputación, existen los elementos materiales probatorios para cobijar a estas personas con medida de aseguramiento preventiva intramural, por ser los presuntos responsables de los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.

Asimismo, explicó que para la comisionista no existía una relación entre el precio de la acción y el costo general de la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual evidencia la irregularidad en el precio de la acción de Fabricato.

Lo que se ha podido establecer es que el dinero en riesgo se acerca a los 600 mil millones de pesos y unas 812 personas fueron perjudicadas. Se han presentado 1.112 reclamaciones ante el agente liquidador de la comisionista.

Por su parte, la defensa de los cinco procesados enviados a la prisión apeló la determinación de la funcionaria judicial.