–El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, recusó hoy al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado para obligarlo a declararse impedido para emitir un segundo fallo en torno a la decisión de sancionarlo con la destitución y la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos, dentro del proceso disciplinario que le siguió por el cambio de esquema de aseo en la capital.

La recusación, que constituye un instrumento adicional al recurso de reposición que también presenta hoy, se hace extensiva a la viceprocuradora general Martha Isabel Castañeda Curvelo y a los delegados Juan Carlos Novia y Carlos Arturo Ramirez.

Con la recusación, el alcalde Petro pidió el nombramiento de un procurador ad hoc que no sea subalterno del jefe del Ministerio público y que garantice un juzgamiento imparcial.

La designación del procurador ad hoc corre a cargo del Senado de la República, a partir de una terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

El alcalde Petro basó la recusación argumentando que el procurador Ordoñez Maldonado tiene interés directo en la actuación disciplinaria y por el hecho de haber manifestado opiniones sobre el asunto materia de la actuación, lo cual, afirma, impiden al jefe del ministerio público, lo mismo que a sus subalternos, ser imparcial en el proceso disciplinario.

Al efecto, en el documento, presentado por el abogado, establece que «el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) contempla el impedimento y la recusación como mecanismos jurídicos para preservar el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento cuando se tipifica en su caso específico alguna de las causales que se encuentran expresamente descritas en la Ley”.

En concepto del alcalde, el Procurador violó la imparcialidad al expresar opiniones el mismo día en que anunció su destitución, pues emitió juicios de valor, justificó las decisiones adoptadas, intentó convencer a la ciudadanía de la justeza de la decisión adoptada, señaló de manera inequívoca al investigado como responsable de la supuesta «crisis» que vivió la ciudad de Bogotá y estableció que la conducta asumida por el alcalde había sido «libre, consciente y voluntaria».