Hace ya once años, 37 vidas se esfumaron con el inesperado holocausto producido por un carro bomba cargado de doscientos kilogramos de explosivo C-4 y detonado en horas de la noche frente a la edificación en la que, para la época, se reunían las familias más influyentes de la capital del país; el club “El Nogal”.

Tras la noticia que inundaba los canales nacionales colombianos, la policía informaba que en el lugar se encontraban más de seiscientas personas al momento de la explosión, de las cuales doscientas resultaron heridas.

Los medios comunicaban la noticia al país, mientras cientos de heridos desalojaban el lugar infestado de humo, escombros y un principalmente, confusión.

El ex presidente Álvaro Uribe sentenciaba de forma severa que el suceso en el que además fallecieron dos de sus perpetradores, había venido de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Acusación que aumentó la incertidumbre y dejaba entrever los años de impunidad que vendrían, luego de que el grupo subversivo respondiera un mes después mediante un comunicado, que no tenía nada que ver con el suceso y que ninguno de sus frentes milicianos estaba involucrado con las decenas de muertes ocurridas aquel día: “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, informan: Que el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, luego de hacer una paciente, rigurosa y seria investigación al interior de todas sus estructuras político-militares a nivel de estados mayores de bloques (…), concluyó: que no existe responsabilidad de unidades de su organización en los hechos sucedidos en el Club El Nogal de Bogotá, el pasado viernes 7 de febrero del año en curso”.

Las Farc también afirmaban que “los autores de los hechos de El Nogal habían sido los mismos de “el collar bomba”, los mismos que borraron de la vida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 1985, los que sacrificaron, sin importarles que era de su misma clase y fiel representante de sus intereses al doctor Álvaro Gómez Hurtado, los que mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento, por suponer que él, de forma, no de contenido, representaba una nueva opción; los que al igual que los mercaderes de la muerte fabricaron una cadena de dolor y frustración, escalonada con los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo; los mismos que a físico plomo exterminaron a la Unión Patriótica y a destacados líderes del Partido Comunista, al igual que a centenares de dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, intelectuales, periodistas, estudiantes, humoristas, abogados.” Las acusaciones dejaban en entredicho supuestas acciones paramilitares por parte del mandatario Álvaro Uribe Vélez.

La guerrilla además agregaba que con el atentado “solo buscaba desatar al interior del país un histerismo contra guerrillero” en “un país intimidado por el terrorismo de un Estado, que desde hacía 45 años se ensañaba con la población”.

Para diciembre del mismo año, el fiscal general, Luis Camilo Osorio, afirmó que contaba con una serie de pruebas que demostraban que el secretariado Farc había dado una orden directa a Óscar Montero, alias ‘El paisa’, comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, para ejecutar el cometido terrorista. Osorio agregaba además que lograron determinar la autoría del grupo, mediante varias interceptaciones telefónicas, grabaciones y declaraciones de los ya detenidos integrantes de la cuadrilla revolucionaria.

Casi un año y medio después, el 19 de Julio del año 2004, la Fiscalía General de la Nación acusaba formalmente a miembros guerrilleros como Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenco, el Mono Jojoy y otras once personas por el siniestro acto.

A partir de dicho momento, comenzaron a surgir hipótesis de todo tipo respecto a la autoría del suceso. Había quienes afirmaban incluso que grandes cabecillas paramilitares como Salvatore Mancuso habían estado presentes en la prestigiosa infraestructura ubicada en la Calle 7 #78-96, al norte de Bogotá.

El periodista Dick Emanuelsson, quien retoma el caso, fue uno de ellos; “En 2002 tuve informaciones de una fuente, de que en ese club no solamente se alojaba jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, sino que desde El Nogal operaba y se diagramaba el portal de los paramilitares de AUC”

Emanuelsson agrega que no denunció el hecho por miedo a ser asesinado y que nunca se comprobó que las Farc tuvieran la responsabilidad del atentado que hoy hace 11 años se robó la tranquilidad de la ciudad más importante del país.

Además, manifiestó que las AUC tenían registrada su página web dentro de las instalaciones digitales del club El Nogal, hecho que suma otra gran hipótesis y del cual existe toda una investigación: “Escuadrones de la Muerte en Colombia llamados AUC, tenía la dirección de su web el Club El Nogal. El servidor se encontraba en Montreal, Canadá, dirigido por un dominicano (…) Hasta ahora, no hemos tenido información que la página web de Don Berna&Cia estaría en Suecia. Pero lo que sí sabemos, es que por ahí pasó un subalterno de Don Berna llamado Ernesto Yamhure, que trabajaba como primer secretario en la embajada colombiana hasta que un día fue, como la web de las AUC en El Nogal, desenmascarado como espía. Hoy está prófugo de la justicia pero según nuestras fuentes se encuentra en Miami”

Este no es el único pronunciamiento que deja grandes interrogantes alrededor del atentado, teniendo en cuenta que varios expertos en explosivos, han sugerido que para la explosión del vehículo, se utilizó material radiactivo propio de una bomba nuclear de bajo poder, debido a que el cráter que se produjo en el suelo tras la explosión, no es una reacción vista comúnmente con bombas convencionales.

Lo que sí está claro a la fecha, es que el acontecimiento se suma a los cientos que han pasado impunes ante los ojos de un pueblo devastado por el constante grito de guerra del que ha sido víctima durante más de 50 años.

De los supuestos responsables señalados por la Fiscalía que aún están vivos, Iván Marquez, quien actualmente se encuentra a la cabeza de las Farc en los diálogos de paz adelantados desde 2013 con el Gobierno Nacional, goza de libertad y por si fuera poco, está acorazado por el derecho que su participación le da en dichos acuerdos.

Timochenco, actualmente cabecilla máximo del grupo subversivo, se encuentra desaparecido de los límites geográficos colombianos y peor aún, no existe pista alguna sobre su ubicación.

A esto, se reduce la esperanza de justicia que tal vez ya perdieron (por el paso de los años), las familias que sufrieron irreparables pérdidas hace ya once años en un país que olvida fácilmente y generalmente no siente el peso del tiempo que pasa impune.

Fotografía: EL TIEMPO.