Cundinamarca

Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años al rector de la Universidad de Cundinamarca

universidad de cundinamarca–La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 11 años al actual rector de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, Adolfo Miguel Polo Solano, por irregularidades en el ejercicio del cargo y en la ejecución de unos contratos.

Concretamente, a Polo Solano le reprochó el no presentar al Consejo Superior Universitario la incorporación al presupuesto de la Universidad de la totalidad de los recursos recibidos por el Fondo Especial de Extensión y Proyectos (FODESEP) de la UDEC por concepto de convenios interadministrativos, como lo evidenció la ejecución del Convenio Marco 022 de 2011 y los contratos derivados del mismo, suscritos con el Instituto de Desarrollo del Meta durante el año 2011.

Igualmente, la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública evidenció que el funcionario omitió soportar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras, y la experiencia de la Universidad de Cundinamarca, en desarrollo de la interventoría de las cesiones de 20 contratos: cinco suscritos en el 2010 y 15 en el 2011.

Así mismo, cuestionó al rector de la institución educativa los atrasos en el reporte de información, la legalización de contratos, la entrega de actas por parte de los supervisores, y la imposición de una multa a la Universidad de Cundinamarca, en razón a situaciones de orden administrativo, hecho que demostró su falta de idoneidad en estos temas.

El ministerio público calificó sus faltas con culpa gravísima, según dice, teniendo en cuenta que Polo Solano tenía claros los principios que debía atender en cualquier proceso contractual y que con su actuar carente de diligencia y eficiencia causó un daño social a la comunidad universitaria.

De otro lado, la Procuraduría sancionó con destitución y una inhabilitad por 10 años al gerente del Instituto de Desarrollo del Meta (IDM) Gilberto Toro Franco, entre los años 2010 y 2011.

En este caso, el Ministerio público le imputó también culpa gravísima por considerar que desempeñaba una función estratégica en el departamento del Meta y con su conducta puso en juego los recursos públicos de sus habitantes.