La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción radicó el escrito de acusación en contra de Diana Nassif de Rima y Santiago Porras, por su presunta coautoría en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo.

Los hechos ocurrieron durante el proceso de contratación para el suministro de elementos de seguridad convocado por Ministerio de Justicia en noviembre de 2008, por un valor de 53 mil millones de pesos.

El contrato tenía como objeto la instalación, el desarrollo, la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad en las cárceles de Bogotá, Medellín y Puerto Triunfo (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), y Jamundí (Valle del Cauca).

De acuerdo con la delegada fiscal, la señora Nassif de Rima como representante legal suplente de la firma de Unión Temporal Cárceles 2008, presentó documentos sin el lleno de los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso licitatorio para el beneficio de otro proponente del cual ella tenía un interés comercial.

El proceso de adjudicación ha causado a la fecha un detrimento patrimonial al Estado colombiano superior a 37 mil millones de pesos, tras un avance de tan solo el 15 por ciento de las obras desde el año 2010. En los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas, exclusas obsoletas y cables que han sido apropiados por los internos, añadió.

Asimismo señala el escrito que se realizaron reuniones en un hotel de Bogotá, en las que se pactó el pago de mil millones de pesos para Nassif de Rima, quien supuestamente, colaboró con maniobras tendientes a que el contrato quedara en manos de personas cercanas a los hoy procesados.

La audiencia de formulación de acusación fue interrumpida tras el interés de otra de las firmas Rapiscan System Inc., la cual mediante su apoderado quiso ser acreditada como víctima dentro del proceso.

La Fiscalía y la juez negaron tal petición por considerar que nadie puede beneficiarse o alegar su propia culpa, es decir, que no puede ser al mismo tiempo parte y víctima en un proceso judicial.