En cumplimiento a la política del Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía, el ministro Juan Carlos Pinzón radicará el proyecto de Ley que establece el marco jurídico de acción de la Fuerza Pública, para mantener el orden y la seguridad del país en armonía y cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, el proyecto constituye un gran paso para la seguridad jurídica de los militares y policías y un aporte para la administración de justicia. Además, recoge gran parte de lo dispuesto en la iniciativa de ley estatutaria aprobada por el Congreso el año pasado, que potencializa el accionar de los operadores judiciales encargados de investigar las actuaciones de la Fuerza Pública en cumplimiento de su servicio.

De esta forma, el Ministerio de Defensa pretende reglamentar, basado en el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el comportamiento que deberán cumplir los cerca de 500 mil integrantes de la Fuerza Pública dentro del marco del conflicto armado, la defensa de la paz y la seguridad de los colombianos.

Igualmente la propuesta incluye una alternativa eficiente para que los operadores jurídicos orienten sus procesos contra los integrantes de la Fuerza Pública, por conductas cometidas dentro del marco del conflicto armado; incluso en un eventual escenario de justicia transicional.

De esta manera, el Ministerio de Defensa pretende armonizar el derecho penal interno con el Derecho Internacional Humanitario en un ejercicio jurídico emblemático que permita a la Fuerza Pública cumplir mejor con su deber de mantener la seguridad y la paz en todo el territorio nacional.

El proyecto enuncia los delitos que deben estar en la justicia ordinaria con el ánimo de evitar las interpretaciones divergentes sobre conceptos como “ejecución extrajudicial” y los crímenes de lesa humanidad pero, sobre todo, no darle campo a la impunidad en ninguno de los procesos judiciales existentes y darles plenas garantías a las víctimas.

Finalmente, para el Ministerio de Defensa, la investigación y el juzgamiento de conductas de los miembros de la Fuerza Pública con plenas garantías para todos los colombianos, no perjudica en modo alguno con las expectativas de paz que todos compartimos: los objetivos de esta iniciativa son de largo aliento y trascienden cualquier coyuntura.