Insistiendo en la necesidad de que se entienda que no son enemigos de la paz quienes analizan, critican y advierten sobre los diálogos que se adelantan en La Habana (Cuba), el procurador general Alejandro Ordóñez, hizo este jueves un llamado para que todos los sectores políticos y sociales del país confluyan en busca de un proceso efectivo que garantice los derechos de las víctimas.
“Conseguir la reconciliación es más difícil que firmar la terminación del conflicto. Firmar un acuerdo es importante, pero mucho más importante es que se cumpla. Ambas cosas requieren de un acuerdo político, de un pacto por la paz entre las fuerzas políticas y sociales que respaldan el proceso de La Habana y los sectores que son sus fuertes críticos. La paz es con todos”, aseguró.
“Como representante de los intereses de la sociedad debo a todos los sectores políticos y sociales, incluso a aquellos que no se sienten vinculados por los sectores políticos, que si no hay un compromiso colectivo es imposible la consecución de ese propósito. Es menester dar un paso adelante, pasar de la crítica a la proposición. Ser capaces, sin abandonar los principios, de ponernos de acuerdo en lo que debe ser la paz estable y duradera”.
El procurador general resaltó igualmente que un posible acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el grupo narcotraficante y terrorista FARC, y cada una de sus eventuales consecuencias en positivo, no deben excluir a los colombianos que habitan en las zonas en donde más se han padecido los rigores de la guerra.
“Una es la Colombia de los grandes centros urbanos y sus zonas aledañas. Otra, completamente diferente, los extensos territorios colonizados durante décadas en los que la violencia o el delito han sido los principales incentivos. Hay dos ‘colombias’, una vinculada cada vez de forma más estrecha a los avances de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la economía de mercado e insertada en la globalización; y otra Colombia aislada, pobre, marginada, sumergida en actividades al margen de la Ley, donde el Estado nunca ha llegado o en algunos casos solamente llega la Fuerza Pública. Sin carreteras, sin servicios sociales básicos, sin acceso a atención en salud, donde los niños no tienen posibilidad de educarse y donde a los jóvenes solo los esperan la frustración y el enrolamiento en una banda armada. Una Colombia desconectada del mundo y de su propio país”.
En su intervención, en desarrollo de la Asamblea Nacional de Personeros que se realiza en Valledupar (Cesar), el jefe del Ministerio Público reiteró que la Procuraduría General de la Nación, según su mandato constitucional y como representante de la sociedad colombiana, seguirá analizando los diálogos de paz y advirtiendo ante cualquier intención de desconocer los derechos de las reales víctimas del conflicto armado o promover la impunidad.
“Todo esto es superable si las FARC en realidad tienen la decisión de disolverse como aparato criminal, si están dispuestas a aceptar que han sido victimarias y que deben atender los derechos de las víctimas. Y todo, absolutamente todo es superable si los actores pueden discutir con criterio patriótico. A esa tarea quiere contribuir la Procuraduría General de la Nación”, concluyó.
A propósito de la Asamblea Nacional de Personeros, el jefe del Ministerio Público destacó nuevamente la importancia de las personerías municipales en el fortalecimiento de la institucionalidad y las bases jurídicas, reiterando el pleno apoyo de la Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de herramientas que optimicen su actuar en todos los rincones del país.
“Ustedes son los procuradores de los municipios y el procurador es el personero de la Nación”, concluyó.
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