–Los cabecillas de las Farc presentaron este jueves un escrito en las conversaciones con el gobierno colombiano en La Habana, en el cual afirman que se hacen “expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra”, que “son conscientes de que no siempre los resultados” de sus acciones “han sido los previstos o esperados”, y que asumirán “la responsabilidad en lo que nos concierna”.

Sin embargo advierten que “la población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas” es decir, que “nunca ha existido en las Farc una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población”.

El escrito forma parte del desarrollo de las “propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, iniciativas 9 y 10 alusivas al punto 4 de responsabilidad sistémica y responsabilidades múltiples, frente a las víctimas del conflicto”.

Al efecto, precisan que “como fuerza político- militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra” y añaden: “Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades conforme a las órdenes e instrucciones impartidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones”.

Dicen que son “conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados” por las Farc y “asumimos sus consecuencias como no puede ser de otra manera”. Agregan que “las Farc asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna”, sin hacer más especificaciones sobre el particular.

A renglón seguido advierten que “la población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las Farc una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población”.

“Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser”, complementan.

Además reseñan que “algunas de estas afectaciones las definimos y nominamos en los mismos términos con los que el derecho público estatal en diversos países califica o pondera algunos actos de guerra de la fuerza militar del Estado, como exceso de fuerza; error involuntario, o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra”.

“Reiteramos –continúan diciendo –nuestro compromiso explícito con los principios acordados por las Partes para definir el marco normativo y político de las responsabilidades, esto es, el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera”.

Y concluyen: “En los casos en los que incumpliendo nuestra normativa interna, miembros de la insurgencia han causado daños intencionadamente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente y adoptado medidas sancionadoras contra los responsables”.

Hacen referencia a la importancia de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento, memoria y no repetición” para la definición de responsabilidades frente a las víctimas del conflicto, y puntualizan que “su trabajo constituye insumo fundamental para la Comisión de esclarecimiento memoria y no repetición, que deberá formular según su mandato, entre otras, conclusiones definitivas sobre responsabilidades frente a procesos y hechos concretos que a lo largo de la confrontación generaron las innumerables víctimas del conflicto”.

Por último afirman: “Nos sentimos comprometidos con los resultados de estas Comisiones, y exhortamos a que éstos tengan carácter vinculante para las Partes, partiendo del reconocimiento que hiciera el Presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional cuando expresó: El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno”.