–El expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez damandó tácitamente en las últimas horas aplicar mano dura a las Farc para “rescatar el sendero de la seguridad”, tras recabar en sus críticas al proceso de paz y rechazar el secuestro del General Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes en el Chocó. “Santos ha permitido que las Farc se sientan en igualdad con FFAA, por eso los terroristas secuestran y dicen que es detención”, precisó Uribe en su cuenta en Twitter.

“Resultado de negociar en medio de la violencia: Terrorismo incrementa violencia y se apodera de micrófonos y pantallas”, agregó Uribe Vélez, el mas acérrimo opositor del gobierno y de las negociaciones con las Farc en La Habana.

“Una embarrada militar de la Farc”, atenuante frente al secuestro de parte de mentores del terrorismo”, subraya el exmandatario, quien advierte: “Santos pide por twitter explicaciones a MinDefensa y Cte Gral, la causa se dio hace 4 años cuando elevaron terrorismo a categoría política”.

Además, el dirigente de Centro Democrático advierte que “el problema no es puntual del Chocó, se está generalizando en todo el país” y reseña que 639 soldados y policías han sido “asesinados por terrorista Farc durante diálogo con Santos”.

“Farc asesina ciudadano y dinamita volqueta en Planadas, Tolima”, complementa.

En un comunicado que emitió la víspera, a propósito del secuestro del General Alzáte, el expresidente Uribe hizo las siguientes precisiones:

La vida y la libertad de los militares y policías son tan preciosas como las de los civiles. Nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas.

La comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con la Farc, debería exigir a esta agrupación terrorista el cese unilateral de actividades criminales, tanto las que afectan a la población civil como a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Colombia necesita urgentemente recuperar el sendero de seguridad que exige determinación gubernamental, garantías judiciales y políticas a los miembros de las Fuerzas Armadas, que no deberían seguir siendo igualados con el terrorismo, resultados que den confianza a la comunidad, que en muchas partes del país, en medio de la desprotección y del temor, se ha visto obligada a someterse a las exigencias del terrorismo. Hoy hay violencia con sub registro de delitos y silenciada por el control terrorista de territorios.

Eventuales acuerdos de un proceso de paz no deberían convertir en impunidad los beneficios jurídicos en favor de quienes abandonen el terror. Tampoco deberían conceder elegibilidad política a los responsables de delitos atroces.

Los acuerdos con el terrorismo no pueden poner en riesgo los valores democráticos, cuya vigencia es lo único que permitirá una sociedad sin pobreza y con equidad.

Mientras el Gobierno, sus voceros políticos y periodísticos proponen ampliar el concepto de delito político para amparar la impunidad del secuestro, narcotráfico y otros crímenes, el terrorismo responde con el secuestro de civiles, soldados y del General Alzate.

Los hechos demuestran que para el terrorismo los gestos de paz del Estado no son generosidad sino debilidad que aprovecha para avanzar en su designio criminal.