Los cargos asimétricos – vigentes en Colombia desde el 2009 – solo han servido para mejorar la rentabilidad de operadores establecidos como Movistar y Tigo pero no han tenido un efecto directo sobre las tarifas de los usuarios, así lo indicó Santiago Pardo, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Claro.

“Estas tarifas diferenciadas que se pagan los operadores por el uso de las redes entre sí, han representado un subsidio a compañías con participación estatal pero no han representado beneficios directos para los colombianos”, expresó Pardo.

Para Pardo, la reducción en las tarifas que se ha producido en los últimos años y la mayor competencia que se presenta hoy en el sector, es producto de otro tipo de medidas como la prohibición de tener tarifas diferenciadas fuera o dentro de su red, y no de los cargos asimétricos. Por tanto, eliminar las tarifas diferenciales que hoy se pagan entre los distintos operadores –como está establecido en la ley que se produzca el próximo 31 de diciembre – no va a tener un efecto sobre las tarifas para los usuarios.

En contraste, si el Gobierno decide mantenerlas no solo iría en contra de las normas de la OCDE sino que provocaría enormes distorsiones sobre el mercado de la telefonía móvil pues frenaría los incentivos a invertir al cambiar las reglas de juego.

Esto mismo considera uno de los mayores expertos europeos en regulación en el sector de las TICs, el Profesor Dr. Andrea Renda, Senior Research Fellow en el Centro para los Estudios de Políticas Europeas (CEPS), quien concluyó en un reciente estudio que “la propuesta actual de extender las tarifas de terminación móvil asimétricas en Colombia es injustificada, podría crear ineficiencias y distorsiones en el mercado móvil colombiano, así como una reducción en el bienestar de los consumidores”.

Según Renda, la imposición de tarifas de terminación móvil asimétricas es considerada internacionalmente como una medida excepcional, de corto plazo y que debe ser aplicada solo a nuevos operadores para facilitar su ingreso al mercado. Si tal medida regulatoria es aplicada a operadores consolidados que disponen de cuotas en el mercado bastante significativas, podría generar ineficiencias de corto y largo plazo y distorsionar la competencia.

Por esto, el estudio hecho por Renda es enfático en concluir que no existen motivos para sostener que existan diferenciales de costo significativos entre Claro, Movistar y Tigo y, por tanto, no se justifican dichas asimetrías regulatorias.

Para Renda, la propuesta Colombiana de extender los cargos asimétricos no solo es un cambio en las reglas de juego existentes sino que contradice las mejores prácticas a nivel internacional y los “principios guías” de unas buenas medidas regulatorias establecidos por organismos como la OCDE, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones que sean pertinentes, proporcionales, transparentes, eficientes y previsibles.

Para el autor del estudio no es una coincidencia que la OCDE se haya pronunciado en forma absolutamente contraria a tal solución.

Las principales conclusiones de este documento son las siguientes:

1. En la práctica internacional, la imposición de tarifas de terminación móvil asimétricas es considerada una medida excepcional, de corto plazo, a ser aplicada exclusivamente a los nuevos operadores “entrantes” para facilitar su ingreso al mercado.

2. El nivel de asimetría garantizado por el regulador debe ser proporcional a la desventaja de costos y debe ser reducido tempestivamente si los diferenciales de costo se reducen en el tiempo.

3. Si tal medida regulatoria es aplicada a los operadores consolidados, podría comportar ineficiencias de corto y largo plazo, creando efectos de distorsión de la competencia y reduciendo el bienestar de los consumidores.

4. Cuando los operadores tienen niveles de costo similares, las medidas regulatorias orientadas a eliminar el llamado “efecto club” se consideran suficientes y proporcionales: entre estas, la regulación de los diferenciales entre tarifas on-net y off-net es bastante frecuente.

5. Independientemente del enfoque adoptado, las buenas prácticas regulatorias requieren que las medidas regulatorias sean pertinentes, proporcionales, transparentes, eficientes y previsibles: estas condiciones no parecen ser respetadas en el caso de la propuesta de extensión de las tarifas de terminación asimétricas en Colombia. No es una coincidencia que la OCDE se haya pronunciado en forma absolutamente contraria a tal solución.