El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló ante la Corte Constitucional los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas -2013 realizada por parte del ente de control, que muestra la necesidad de actualizar la política y el plan de financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesto por el Gobierno, dado que la población por atender y reparar es sustancialmente mayor a la prevista.

“Las metas establecidas en los CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, están rebasadas”, advirtió el Contralor Edgardo Maya Villazón al intervenir en una Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional en relación con los mecanismos de seguimiento de la política pública de atención a la población víctima de desplazamiento forzado.

Mientras los CONPES reportaban 3,8 millones de víctimas, la Encuesta encontró 5,6 millones, al tiempo que los reportes actuales del sistema del gobierno hablan de 6 millones de personas desplazadas por la violencia y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes.

La Encuesta indica también que, según los cálculos más conservadores, el despojo de tierras en el país se estima en 7 millones 73 mil hectáreas, lo que significa un incremento de 435 mil hectáreas de despojo en tres años si se compara con la medición que realizó en 2010 la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento

Al exponer todas estas nuevas cifras, el Contralor Maya Villazón consideró que para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, es necesario que el diagnóstico se ajuste a parámetros de medición más próximos a la realidad.

Sin duda, las proyecciones y expectativas establecidas en un comienzo en ambos CONPES deben ser reorientadas, insistió.

Esto implica, en términos concretos, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 de 2011, lo que subraya la importancia de la eficiente utilización de los recursos asignados, agregó.

Los resultados de la Encuesta se obtuvieron con un alcance nacional, para seis regiones y once principales ciudades receptoras de población desplazada. En total se aplicaron 10.761 encuestas en 417 municipios, en donde se encuentra el 95% de la población víctima del conflicto, de los cuales, 9.101 fueron hogares con personas desplazadas inscritas en el RUV y 1.660 hogares con personas desplazadas No inscritas en el RUV.

Empobrecimiento masivo y sistemático

Los resultados de la Encuesta presentados por el Contralor Maya Villazón muestran las brechas socioeconómicas que afectan a la población víctima del desplazamiento forzado en Colombia.

La Encuesta describe la gravísima situación socioeconómica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia (medida en términos de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, déficits educativos y habitacionales, barreras de acceso a los servicios de salud, entre otros).

Se advierte, dijo el Contralor, un proceso de empobrecimiento masivo y sistemático que es necesario enfrentar activamente, sin restarle importancia a la necesidad de fortalecer las garantías de los derechos a la verdad y a la justicia que las víctimas reclaman.

Según la Encuesta de la CGR el cumplimiento del goce de los derechos de la población víctima en situación de desplazamiento, es todavía precario, lo que no significa que la gestión del gobierno sea negativa.

“Por el contrario, los esfuerzos hechos por las instituciones encargadas de adelantar la política han sido enormes, lo que sucede es que, el conflicto no ha terminado, las víctimas son más de lo que el gobierno previó en 2011 y las metas que se definieron inicialmente fueron estrechas, sobre la base de una política de mínimos”, indicó el Contralor Maya Villazón.

La población víctima del desplazamiento en estado de indigencia es del 35,5%, mientras que los datos para Colombia, según el DANE, revelan que en el país este mismo dato es del 9,1%. Por su parte, la población desplazada menor o igual a la línea de pobreza llega al 80%, mientras que para toda la población de Colombia es de 30,6%. “Las brechas creadas por el desplazamiento y el despojo son enormes y generan un alto grado de desigualdad en el 11,9% de la población”, resaltó el jefe del organismo fiscalizador de las finanzas públicas.