A través de un comunicado leído por voceros de las cinco delegaciones de víctimas que viajaron al La Habana, Cuba, para ser escuchada en los diálogos de paz que se adelantan entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de la Farc-EP, denunciaron que han sido víctimas de amenazas “antes” «durante y después» de participar en los diálogos. Adicional, pidieron que se abra un escenario de discusión nacional sobre la reforma de la Ley de Víctimas, que fue aprobada en 2011 e implementada en enero de 2012.

En un comunicado leído hoy en Bogotá por los integrantes de las cinco delegaciones que viajaron a La Habana, afirmaron que en los últimos cinco meses se han registrado más de 400 amenazas en todo el país. Destacaron que muchas de las víctimas han sido amenazadas antes de participar en los diálogos, «durante y después».

En la denuncia, mencionan el caso del asesinato del hijo de un integrante de las comisiones que viajaron en calidad de víctimas del conflicto armado. En este sentido, Nilson Antonio Liz, padre del joven que fue asesinado, explicó que su hijo de 17 años murió el pasado 1 de enero y señaló que todavía desconoce el móvil del crimen.

El colectivo también reclamó en su comunicado que «se concrete la salida negociada al conflicto armado» e insistieron en que se supere la «fase exploratoria» de los contactos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país.

Asimismo, la colectividad enfatizó en que «la reparación integral de las víctimas es una deuda pendiente», por lo que consideraron necesario «lograr un compromiso real en materia presupuestaria del Estado» para poder financiar las políticas destinadas a este fin.

En la declaración, reclamaron además que el «reconocimiento y la legitimidad de las víctimas debe reafirmarse como el centro de este proceso» de negociaciones de paz.

Las víctimas también se sumaron a lo que definieron como «clamor nacional» para que el conflicto armado que azota Colombia desde hace medio siglo entre en un proceso de «desescalamiento», es decir una reducción de la intensidad.

«Exigimos a las partes (que) tomen aquellas medidas que garanticen la vida de las comunidades y sus territorios bajo principios de corresponsabilidad y reciprocidad», añadieron.

También solicitaron a la Fiscalía que investigue estos hechos y cualquier otro cometido contra cualquier víctima en Colombia.

La Ley de Víctimas, que fue aprobada en 2011 e implementada en enero de 2012, contempla indemnizaciones económicas, reconocimiento y reparación a las víctimas, así como ayuda psicosocial, viviendas gratuitas para población desplazada, becas de educación superior y la exención de la prestación del servicio militar obligatorio para quienes han sufrido los rigores del conflicto.

En total, 60 víctimas del conflicto armado colombiano viajaron el año pasado en cinco delegaciones a La Habana para llevar ante las delegaciones del Gobierno y las FARC la voz de más de 6,5 millones de personas que han padecido las consecuencias del conflicto armado en el país.