–Human Rights Watch anunció en las últimas horas que interpuso una demanda penal contra la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de Estados Unidos, por haber recopilado e interceptado ilegalmente las llamadas telefónicas efectuadas por la organización a países extranjeros, en desarrollo de su programa de “vigilancia masiva”.

“El programa de vigilancia de la DEA pone en grave peligro a defensores de derechos y víctimas de abusos”, aseveró Dinah PoKempner, asesora legal de Human Rights Watch.

“Este tipo de vigilancia disuade en la práctica el uso de conversaciones telefónicas para recabar información sobre derechos humanos en algunas de las situaciones más graves del mundo, en algunos de los países más peligrosos del mundo”, precisó.

“En Human Rights Watch trabajamos con personas que a veces se encuentran en situaciones de vida o muerte, en las cuales hablar abiertamente puede provocar que sean objeto de ataques”, explicó Dinah PoKempner, quien agregó:

“Con quiénes nos comunicamos y cuándo lo hacemos suelen ser datos sumamente sensibles, y constituyen información que no compartiríamos con el gobierno”.

De acuerdo con el comunicado publicado por Human Rights Watch, la DEA divulgó la existencia de su programa de vigilancia masiva en enero de 2015, luego de que la justicia federal dispusiera que el gobierno debía dar a conocer mayor información sobre el programa.

La agencia difundió esta información en el marco de una causa penal contra un individuo acusado de haber violado las restricciones a la exportación de mercancías a Irán, añade Human Rights Watch, que señala que en la demanda penal está representada por Electronic Frontier Foundation (EFF), que ha interpuesto una serie de recursos legales contra medidas inconstitucionales de vigilancia aplicadas por el gobierno.

Advierte que el programa de vigilancia, operado por la DEA y otros organismos federales, recoge a escala masiva metadatos telefónicos, es decir, datos sobre los números a los cuales llaman las personas, y la hora, fecha y duración de tales llamadas.

Información publicada en los medios ha señalado que, como parte de este programa, se recabaron registros de llamadas a más de 100 países, indica Human Rights Watch, que advierte que su personal trabaja habitualmente sobre diversos temas en países que han sido monitoreados por la DEA e investiga y documenta violaciones de derechos humanos a través de comunicaciones con testigos y víctimas.

En una declaración presentada en la causa penal en enero, un agente de la DEA indicó que por medio del programa se obtenían registros telefónicos de llamadas efectuadas desde EE. UU. a “países extranjeros designados” y vinculadas con narcotráfico internacional. La declaración reveló que la DEA cursó requerimientos administrativos para recopilar una base de datos de registro de llamadas efectuadas por estadounidenses. La DEA obtuvo los registros sin control ni aprobación judicial.

Diversos medios han señalado que el programa, administrado por la división de operaciones especiales de la agencia, comenzó a recabar datos a gran escala en la década de 1990, y con los registros conseguidos creó una base de datos para investigaciones penales dentro de EE. UU. La información se transmitió a otros organismos de aplicación de la ley, incluido el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), por motivos que no guardaban relación con narcotráfico, según trascendió en diversos medios. En algunos casos, la información presuntamente también se habría transmitido a organismos de aplicación de la ley en el extranjero. No resulta claro qué garantías —si acaso las hubo— se aplicaron para impedir que los gobiernos extranjeros, a su vez, apelaran al uso indebido o abuso de los registros transmitidos.

Human Rights Watch dice que si bien la DEA ha señalado que el programa fue “suspendido” en 2013, esta demanda aspira a que el programa se interrumpa de manera definitiva y no pueda ser reiniciado, y a que la totalidad de los registros de Human Rights Watch obtenidos ilegalmente sean eliminados de todos los sistemas gubernamentales.

“El programa de la DEA es otro ejemplo más de organismos federales que se han extralimitado en sus facultades de vigilancia de manera secreta”, observó Mark Rumold, abogado interno de EFF.

“Pretendemos que un tribunal obligue a la DEA a destruir los registros que obtuvo ilegalmente y declare, de una vez por todas, que la recolección masiva de registros de estadounidenses es inconstitucional”, concluyó.