–La Procuraduría General de la Nación urgió al gobierno nacional implementar políticas en favor de la juventud colombiana, con el fin de garantizarles sus derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la participación y al trabajo, y contrarrestar flagelos como el VIH sida, los accidentes de tránsito, el consumo de sustancias piscoactivas y el alcohol, además de la violencia intrafamiliar, el suicidio y el embarazo adolescente.

Todo ello hace parte de un informe sobre los resultados de la vigilancia superior a la implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, elaborado con base en el seguimiento a la gestión de las gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales, y a las instituciones del orden nacional que hacen parte del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud y en el cual se hacen una serie de recomendaciones al ejecutivo nacional que también tienen que ver con los temas de acoso escolar, salud sexual y reproductiva, salud mental, entre otros.

El documento hace las siguientes precisiones:

Derechos a la vida y a la salud

La Procuraduría evidenció la importancia de fortalecer las estrategias dirigidas a generar conciencia sobre el riesgo que entraña el VIH/SIDA y llamó la atención porque 11 departamentos no reportaron medidas de prevención para evitar el crecimiento de esta enfermedad. Indicó asimismo la relevancia de promocionar la prueba voluntaria del VIH/SIDA, fortalecer la vigilancia epidemiológica en salud sexual y reproductiva, y capacitar continuamente al personal de salud para contribuir a la prevención e identificar grupos de alto riesgo.

Respecto de los accidentes de tránsito, señaló que se trata de la segunda causa de muerte violenta en Colombia, con mayor índice de mortalidad en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, y en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Recomendó en este sentido reforzar e implementar medidas urgentes que permitan disminuir los accidentes y emprender campañas dirigidas a estudiantes sobre seguridad vial, normas de tránsito y cultura ciudadana, entre otras estrategias.

En cuanto al impacto que las minas antipersonales, la munición sin explotar y los artefactos explosivos improvisados tienen para la población joven del país, el informe dio cuenta de que los más afectados son los habitantes de Antioquia, Nariño y Meta. En este sentido la Procuraduría instó, entre otros, al desarrollo permanente de campañas educativas en los sitios más vulnerables para prevenir accidentes, al refuerzo de las operaciones de desminado y a maximizar la capacidad de las entidades competentes para garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.

Respecto del consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, se hace evidente la importancia de continuar con el apoyo de las Zonas de Orientación Escolar (ZOE), la implementación de sistemas de monitoreo, y la ampliación de las oportunidades de recreación y sano esparcimiento para evitar el consumo entre adolescentes y jóvenes.

El informe dio cuenta asimismo del alto impacto que genera la violencia intrafamiliar, con mayores índices de ocurrencia en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Huila y Santander, por lo que recomendó fortalecer la coordinación, seguimiento y evaluación interinstitucional de los programas y servicios para la prevención, e impulsar acciones para que las secretarías de Educación y las instituciones educativas eviten la desescolarización de quienes han sido víctimas de este fenómeno.

De otra parte, preocupa al Ministerio Público que el suicidio sea la cuarta forma de muerte violenta en Colombia y que las tasas más elevadas se concentren en la población entre los 15 y los 24 años de edad. Al respecto recomendó elaborar protocolos de atención a la conducta suicida y garantizar la Atención Primaria en Salud Mental desde el primer nivel de atención, con enfoque diferencial, entre otras estrategias.

Otro de los aspectos que impacta considerablemente a esta población es el embarazo adolescente. Según el ICBF, el 19,5% de las niñas entre 14 y 18 años han o estado o están embarazadas, una tasa preocupante si se tiene en cuenta que las madres adolescentes y sus hijos tienen mayores probabilidades de obtener bajos logros en educación y de vivir una pobreza persistente, especialmente en el sector rural. Los departamentos con mayores índices son Antioquia, Córdoba y Guajira. Al respecto se recomendó dar aplicación al Proyecto Pedagógico en Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, y eliminar las barreras de acceso de los jóvenes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Derechos a la educación, a la participación y al trabajo

Dado que la educación genera equidad y competitividad, y es un medio para combatir la violencia, la Procuraduría destacó la importancia de reforzar políticas y programas que fomenten la permanencia en el Sistema Escolar, así como propender por la articulación de la oferta educativa media y superior con criterios de productividad y competitividad, e implementar estrategias educativas y pedagógicas de atención a la población vulnerable.

El Ministerio Público señaló, de otra parte, que se debe garantizar la inclusión de los jóvenes al trabajo digno, fomentando la cultura del emprendimiento para generar oportunidades en condiciones de calidad, estabilidad y protección. Indicó asimismo que se debe promover la participación activa de los jóvenes para que expresen y definan sus intereses, e intensificar los espacios de formación en liderazgo, civismo y convivencia.

Recomendaciones específicas para las instituciones

La Procuraduría General de la Nación presentó una serie de recomendaciones específicas para cada una de las entidades del Estado con competencia en políticas públicas que involucran a los jóvenes colombianos, puntualmente en los temas de acoso escolar, salud sexual y reproductiva, salud mental, discapacidad, alimentación escolar, acceso a la educación en zonas rurales, derecho humanos, barrismo social, violencia de género, violencia intrafamiliar, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y emprendimiento.

El informe de vigilancia superior concluyó que se requiere la presencia de interlocutores colectivos para construir políticas públicas de juventud integrales, desde el enfoque de derechos, que le den relevancia al ser humano como núcleo de la política, promuevan la superación de las condiciones de vulnerabilidad y eleven las capacidades de los jóvenes.