–Siete militares que habían sido dejados en libertad por un juez de control de garantías, fueron recapturados en las últimas horas para que respondan por la multimillonaria defraudación al sistema de salud y de pensiones de las Fuerzas Armadas Colombianas.

Se trata de los uniformados activos Oscar Cediel Hoyos, Julián Andrés Posada, Gentil Menza Mosca, Roberto Muñoz, Alveiro Gaviria Martínez, José Ovidio Reyes y William Cabezas Mejía.

Según lo indicó la Fiscalía los recapturados presuntamente hacen parte del grupo de 10 de las 33 personas capturadas en el marco de la investigación y que fueron dejadas en libertad por una polémica decisión de un juez de control de garantías.

Las capturas fueron realizadas por integrantes de la Dijin de la Policía Nacional en diferentes lugares de la capital del país.

A los detenidos se les imputarán los delitos de peculado, fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento, en desarrollo de la audiencia de legalización de capturas.

EL CASO

Al sonado escándalo en el sistema de salud y de pensiones de las Fuerzas Militares, están vinculadas treinta y cinco personas, entre militares activos, retirados y médicos civiles.

De acuerdo con la investigación la banda criminal basaba su actividad económica en la adulteración y elaboración de conceptos médicos de sus usuarios en los que se especificaba que tenían alta disminución de su capacidad labora para alcanzar indemnizaciones y pensiones de forma ilícita.

Hasta el momento, la afectación a las arcas públicas por las irregularidades detectadas en indemnizaciones alcanza 20 mil millones de pesos y por concepto de pensiones corresponde a 4.000 millones de pesos.

Hasta el momento se ha establecido que 200 miembros del Ejército acudieron a esta red delincuencial para mejorar su situación económica; pero aún se está trabajando en esto porque la investigación indica que hay más miembros de esta fuerza militar que habrían iniciado trámites con este grupo.

Los trabajos para descubrir el ilícito, que vincula a 17 militares retirados, 13 militares activos y 4 civiles, empezaron el 12 junio del 2013, cuando la Jefatura de la Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército se enteró de los resultados de un proceso de auditoría realizado a los expedientes de las juntas en las cuales se detectaron varias irregularidades relacionadas con documentación, cuya consecuencia final era un presunto favorecimiento ilícito a un grupo de personas retiradas del servicio activo del Ejército Nacional.

La labor de los auditores permitió establecer que la organización se dedicaba a la obtención de indemnizaciones y pensiones a personal activo y retirado, generando desembolsos mayores a los cuales tenían derecho o generando derechos inexistentes. De una forma premeditada e irregular tramitaban ante la Dirección de Sanidad del Ejecito Nacional las disminuciones de la capacidad laboral.

A través de una serie de entrevistas efectuadas a un retirado del Ejército y a la Jefe de la Oficina de Calidad y Atención al Usuario de la Dirección de Sanidad, se establecieron los posibles actos de corrupción en Bogotá y Neiva.

Por tal motivo, el Ejército presentó ante la Fiscalía una denuncia para que se establecieran las probables conductas ilícitas que se hubieran podido cometer en estos procesos. La investigación fue asumida por la Fiscalía 140 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que coordinó el trabajo del Grupo investigativo de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esto permitió establecer que en el desfalco participaron dos organizaciones delincuenciales diferentes. La primera asentada en la ciudad de Neiva (Huila) y la segunda operaba en la capital de la República. Precisamente fue en estas ciudades y en Medellín (Antioquia) donde la Dijin realizó las capturas. En total, las personas vinculadas hasta ahora son dos tenientes coroneles, un mayor, dos tenientes, un capitán, un sargento mayor, siete sargentos primeros, ocho sargentos segundos, cuatro sargentos viceprimeros, un cabo primero, un cabo segundo, dos soldados profesionales, tres médicos y un abogado.

El Fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, explicó que “tenemos estimado que la red vendría operando desde hace ya unos seis años. Esta investigación la iniciamos a finales del 2013. Tuvimos una información que empezamos a trabajar con nuestros fiscales dedicados al tema del eje temático de la salud. El detrimento al dinero de la salud podría estar entre los 25.000 millones de pesos.

“Esto no significa, por supuesto, que la defraudación no sea mayor. Vamos a seguir investigando; hemos dado un paso importante pero todavía nos falta por esclarecer muchas cosas.

Estas organizaciones delincuencial tienen una estructura perfectamente jerarquizada y con permanencia en el tiempo. La adulteración y elaboración de conceptos médicos de los usuarios en la organización de Bogotá tenía una tarifa de aproximadamente 22 millones de pesos para asegurar una pensión más elevada y el 40 por ciento por indemnización.

Asimismo, se ha podido establecer que las organizaciones contaban con la colaboración de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina, quienes reciben aproximadamente cinco millones de pesos por entregar conceptos que no correspondían a la patología de los usuarios.
Mientras tanto, en Neiva se iniciaba el trámite con un pago de 2 millones de pesos y la tarifa alcanzaba el 10 por ciento por indemnización. La investigación determinó que por acción de estas bandas de delincuentes, cada persona recibiría entre 60 y 100 millones de pesos por indemnización.

“De esa forma, seguimos avanzando con nuestros fiscales especializados en temas de salud en la desarticulación de esas redes que a lo largo de todo el país en este caso en Neiva y en Bogotá han venido afectando la salud de los colombianos”, explicó Perdomo.

Las capturas hacen parte de la primera fase de la investigación penal por este detrimento patrimonial al sistema pensional y de salud de las Fuerzas Militares, pues la Fiscalía ha desarrollado un programa para descubrir a todos los implicados en el ilícito, pues se está desarrollando la tesis de la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.