–Dos coroneles del Ejército fueron cobijados con medida de aseguramiento para ser enjuiciados como supuestos responsables del asesinato de 41 personas en desarrollo de los llamados “falsos positivos”.

Los coroneles Diego Hernán Padilla Ospina y Raúl Huertas Ceballos, fueron asegurados por una juez penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la cual ordenó su reclusión en un centro carcelario por considerar que los dos oficiales representan un peligro para la comunidad y como precaución de que, en caso de ser hallados culpables, es posible que no comparezcan ante el estrado judicial.

En desarrollo de la audiencia pública, el fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos indicó que los uniformados son señalados de ser los presuntos responsables de la muerte de por lo menos 41 personas, a las cuales ejecutaban para luego presentarlas como “guerrilleros muertos en combate”.

Los hechos se presentaron en el año 2006, cuando los oficiales se desempeñaban con el rango de mayores, como integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, que operaba en varios municipios del departamento de Antioquia, y que dependía de la 4° Brigada.

El fiscal manifestó que las ejecuciones extrajudiciales las realizaban con el propósito de incrementar el número de bajas ocasionadas al enemigo en combate.

Debido a la actuación ilícita, para ese año, el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina obtuvo un premio a la mejor unidad operativa en todo el territorio nacional.

En la audiencia se señaló que por cada falso positivo, el batallón cancelaba a quienes llevaban las víctimas, entre 200 mil y un millón de pesos.

La Fiscalía endilgó cargos a los oficiales por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas, desaparición forzada y secuestro.

Los imputados en la actualidad permanecen privados de la libertad en las instalaciones de una guarnición militar, donde responden en otro proceso por la muerte de otras cinco personas, dentro de un proceso de ley 600.