Frente a los procesos de deportación que viene adelantando Venezuela a ciudadanos colombianos que se encuentran en situación irregular, la cancillería de Colombia publicó la cifra de connacionales que hacen parte de esta lista, en donde pudo determinar que en el período comprendido entre 2012 y lo corrido de mayo de 2015 han sido deportados 7.027 ciudadanos colombianos.

Según la Cancillería, estos connacionales han recibido la asistencia humanitaria y el acompañamiento integral por parte de la Cancillería, Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, entidades que también se han encargado de recibir y tramitar las quejas por los tratos recibidos durante las deportaciones.

Tras las continuas denuncias de los deportados sobre violaciones de derechos humanos, la Cancillería resaltó que los Gobiernos de Colombia y Venezuela, Defensorías del Pueblo y entidades migratorias, están trabajando en la implementación de un protocolo que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos colombianos inmersos en procesos de deportación, y el cual se ajuste a la legislación vigente.

Estas denuncias han sido negadas por la Cancillería Venezolana, quien en un comunicado emitido este jueves expresó ““su profundo rechazo a las maniobras de sectores enemigos de la paz y de las buenas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela que manipulan abiertamente a la opinión pública sobre infundios vinculados a derechos humanos en el ámbito migratorio”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió la conformación de una comisión que indague acerca de las denuncias registradas en torno a la deportación de colombianos y comparta la información con la Cancillería colombiana.

La Ley de Extranjería y Migración de Venezuela, establece que los ciudadanos extranjeros objeto de deportación tienen un plazo de un año para el traslado de sus enseres a sus lugares de origen. Asimismo, otorga unos plazos y la apertura de un proceso administrativo antes de ser deportados o expulsados de Venezuela, a fin de que puedan acceder a su defensa.

En ese sentido, la Cancillería informó que el Gobierno de Colombia seguirá trabajando con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para establecer cuanto antes dicho protocolo, con el fin de que se cumpla la legislación y se garanticen los derechos de los connacionales.