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ONU pide a Colombia enjuiciar a responsables de casos de violencia sexual durante el conflicto armado

marcha contra violencia a la mujer grande–La Organización de Naciones Unidas, ONU, demandó al gobierno colombiano seguir enjuiciando a los responsables de casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto para garantizar la justicia y la reparación para los y las supervivientes.

Al respecto, además, el organismo internacional advirtió que la paz en Colombia no será una realidad mientras no se garantice una vida libre de violencias para las mujeres y niñas.

Los pronunciamientos los hizo la ONU a propósito del “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado” celebrado este 25 de mayo, instituido el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos a propósito del secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya, cometido este día de mayo del año 2000, por parte de integrantes de grupos paramilitares, como una medida de reparación de su caso y para dignificar simbólicamente a todos y todas las víctimas y sobrevivientes de este tipo de crimen.

Al efecto destaca que en un informe enviado por el Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre violencia sexual en conflicto, en el cual reconoce los avances que el Gobierno de Colombia ha realizado en esta materia, pero recomienda a las autoridades acelerar la implementación de la Ley 1719 y seguir enjuiciando a los responsables de casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto para garantizar la justicia y la reparación para los y las supervivientes.

En el documento, la ONU resalta la importancia de la especial atención merecen los grupos que enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia, como las minorías étnicas, las mujeres de las zonas rurales, los niños, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y las mujeres víctimas de malos tratos en las filas de grupos armados.

La implementación de estas medidas, resultado del compromiso de las autoridades colombianas y de los esfuerzos de la sociedad civil, en especial de las organizaciones de mujeres y de víctimas, por exigir mayor visibilidad de la violencia sexual, son un paso necesario para su erradicación y su no repetición.

La ONU advierte que los Marcos internacionales de derechos humanos y la legislación y jurisprudencia de Colombia reconocen que la violencia sexual en contextos de guerra, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, es un atentado contra su dignidad, una grave violación de sus derechos humanos, y un crimen de lesa humanidad cuando se comete de forma sistemática y generalizada, con muy negativas consecuencias para su vida, las de sus familias y comunidades, y la sociedad en general.

Recuerda que en agosto de 2014, el Presidente Juan Manuel Santos promulgó el decreto 1480 de 2014, mediante el cual se estableció el 25 de Mayo como el “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado”, como un acto de reparación a la periodista Jineth Bedoya, y para dignificar simbólicamente a todos y todas las víctimas y sobrevivientes de este crimen.

«En este día, se suman las mujeres sobrevivientes, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado, para romper el silencio sobre la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto, práctica persistente e invisible, que ha afectado a miles de mujeres en el país, y para hacer un llamado a la sociedad a que esta práctica sea erradicada», precisa la ONU.

Finalmente detaca que según datos de la Red Nacional de Información y del Registro Único de Víctimas, entre 1985 y 2015 se registraron 8.795 delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado interno, 90% de los cuales se cometieron contra mujeres. Colombia cuenta además con una amplia legislación para erradicar esta práctica y garantizar acceso a la justicia y a la reparación, incluyendo la Ley 1719, una norma histórica sobre acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual y a su atención integral, concluye el documento.

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