Medidas urgentes para garantizar la presencia del Estado en el corregimiento El Mango del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, solicitó la Defensoría del Pueblo, al rechazar las vías de hecho que culminaron con el desalojo de los policías que prestaban su servicio en esa población.

En comunicaciones enviadas al Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, y al Director General de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, manifestó que ante la fuerte influencia de las Farc, a través de los frentes 8 y 29 en esa región del país, resulta necesario mantener la seguridad e impedir que los habitantes queden a merced de los grupos que permanentemente violan los derechos humanos de la población civil a través del confinamiento, el reclutamiento ilícito de menores, la extorsión y los hostigamientos, entre otras modalidades.

El funcionario del Ministerio Público advirtió que así como en otros escenarios la Defensoría ha solicitado el traslado de estaciones de Policía cuando están cerca de instituciones educativas, son inaceptables los comportamientos que además de entorpecer la labor de las autoridades, ponen en peligro a la misma comunidad. En este sentido, Otálora Gómez advirtió que no puede haber lugar vedado en el territorio nacional para la fuerza pública y dijo que en el caso de El Mango, si el Gobierno y el alto mando lo consideran necesario, se debe militarizar el corregimiento.

La Defensoría Regional Cauca, que ha hecho seguimiento permanente a la situación, conoció que esta tarde se suscribió un acta de entrega, tanto de los uniformados como del armamento y demás recursos con que contaba la Policía en el corregimiento, quedando a disposición del Comando de ese departamento.

Aunque este procedimiento y el profesionalismo de los uniformados evitaron consecuencias lamentables, la Defensoría calificó como inaceptable la conducta de quienes promovieron el desalojo de los policías y pidió investigar las circunstancias que rodearon el movimiento de asonada para determinar las responsabilidades individuales de ciudadanos y eventualmente de servidores públicos que podrían estar comprometidos con los desórdenes registrados en el mencionado corregimiento. “Resulta paradójico que las comunidades pidan ampliar el pie de fuerza en los más de 1.000 municipios del país, y allí no quieran la presencia de las Fuerzas Armadas”, señaló Otálora Gómez.

El Defensor del Pueblo hizo un vehemente llamado a los pobladores de El Mango para que respeten la actuación legítima de las autoridades y reiteró su respaldo al trabajo de la fuerza pública en defensa de la seguridad dentro del marco normativo de los Derechos Humanos.