A través de un comunicado, la Secretaría de Educación confirmó que hay otro funcionario distrital, perteneciente a su cartera, que está vinculado a las investigaciones de la Fiscalía sobre los atentados en Bogotá. Se trataría de Lorena Romo Muñoz quien actualmente tiene un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de esta entidad.

Además, la entidad aclaró que ella, junto con el segundo implicado perteneciente a la misma entidad, identificado como y Sergio Esteban Segura Guisa, no presentan antecedentes judiciales de la Policía Nacional, así como tampoco tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

Así mismo no registran sanciones e inhabilidades vigentes en la Procuraduría General ni en la Personería Distrital. La Contraloría General de la República, además, certifica que no se encuentran reportados como responsables fiscales”.

En cuanto al Esteban Segura Guisa, se conoció que está vinculado a la Secretaría de Educación desde el 2013. Tiene dos contratos que suman $60 millones: uno por $42.878.000, aún vigente, para laborar con comunidades y un contrato de prestación de servicios de marzo de 2013 por seis meses por $ 21’840.000, con el fin de prestar apoyo a un proyecto de “educación para la ciudadanía y la convivencia”.

Por su parte, una tercera implicada, es Andrea Salgado Piedrahita quien tendría nueve contratos firmados desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2015 por más de 83 millones de pesos con el fin de estructurar programas para el servicio de salud sexual y poblaciones vulnerables.

Dentro de los capturados se encuentra un importante cabecilla de esa estructura guerrillera identificado como alias “El Profe”, cuya captura quedó registrada en vídeo.

La Fiscalía les hará las imputaciones como posibles responsables de los atentados terroristas ocurridos el 20 de junio de 2014 junto al CAI de Lourdes en Chapinero y que ocasionó lesiones a dos integrantes de la Policía y un civil; la activación de cuatro artefactos explosivos ocurridos el 29 de julio siguiente, en la calle 26 con carrera 30, la Avenida de las Américas con carrera 73, la Autopista Sur con calle 74 y en la Autopista Norte con calle 167, y otro artefacto explosivo instalado en el puente de la calle 80 con carrera 119, el cual fue neutralizado por las autoridades.

También estarían implicados en otro evento ocurrido el 6 de octubre, también del año pasado, cuando se intentó detonar un artefacto explosivo en el puente de la carrera 6 con calle 6ª de Bogotá, el cual fue anulado por las autoridades, y otro más ocurrido el 20 de mayo de este año cuando se produjo una alteración del orden público en las instalaciones de la Universidad Nacional, donde personas encapuchadas bloquearon por varias horas la carrera 30 y la calle 45 de la capital.

Durante los disturbios los manifestantes detonaron varias “papas bombas” ocasionando lesiones a nueve integrantes del ESMAD y cuantiosos daños en inmuebles y vehículos. En desarrollo de estos hechos fueron incautadas 810 papas bombas.

Los investigadores revisarán los videos de los atentados ocurridos la semana pasada en dos sedes de la entidad financiera Porvenir, para determinar si algunas de estas personas capturadas están implicadas en los mismos.