La administración del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, puso en circulación nuevamente la revista Economía Colombiana, la más antigua en el país en el tema del análisis económico.

El primer número en esta nueva era de la tradicional publicación del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, trae como tema central distintas visiones sobre el impacto de la informalidad.

Escriben sobre el tema el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega (La solución no es sancionar al «contrabandista de perfumes», la sanción debe ir aguas arriba, llegar al poderoso); el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro (la informalidad tiene en Colombia un efecto desastroso en el sistema pensional); y el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, Stefano Farné (Si bien las estadísticas de la informalidad han caído en el país, esta disminución se debe a la caída de las pequeñas actividades productivas informales, más que al incremento del empleo formal).

Según Juan Ricardo Ortega, los estudios de evasión y elusión realizados por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), adscrita al Ministerio de Hacienda, «evidencian que en Colombia el 68% de los hogares evaden impuestos y el sistema pierde 15 billones de pesos al año».

Santiago Montenegro destaca como «la informalidad laboral alcanza el 65% de la población ocupada y, si se suma la población desempleada, entre la informalidad y el desempleo se alcanza el 70% de la población económicamente activa». Y sostiene que «En esta enorme informalidad se encuentra una de las causas de la crisis fiscal de Colombia, pues muy pocas empresas y personas jurídicas formales se han visto obligadas a sostener las cargas de todo un país».

Igualmente, analizan el tema Mauricio Perfetti (entre 2001 y 2014, la informalidad en Colombia se redujo en cerca de 15 puntos); y el presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –Confecámaras, Julián Domínguez (factores que llevan a que la mitad de las unidades económicas del país sean informales y soluciones para atacar este problema).

El director del DANE cita resultados estadísticos que, en su concepto, permiten llegar a decir que a mayor nivel educativo de la población menos es la probabilidad de hacer parte del sector y el empleo informal:

«El indicador denota que de los ocupados que no tienen ningún nivel educativo, el 87,9% no cotiza a pensiones, mostrando una escala descendiente de empleos informales a medida que aumenta en la población el nivel educativo. Es así como del total de ocupados con nivel educativo superior solo el 27,5% de las personas no cotizan a pensiones».