Un desorden administrativo y gerencial de elevadas proporciones encontró la Contraloría General de la República al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de Protección –UNP correspondiente a la vigencia 2014, particularmente graves deficiencias e irregularidades en materia de contratación. Por este hecho se conoció en las últimas horas que Alonso Miranda, quien estuvo al frente de la contratación y de varias licitaciones, se escapó con un número importante de documentación en contratos.
De acuerdo con una información emitida por el portal web Las Dos Orillas, El día que Alonso Miranda abandonó su oficina en el séptimo piso de un edificio de la zona empresarial en la calle 26 que el mismo escogió y remodeló para que funcionara la Unidad Nacional de Protección desde sus inicios en 2011, los funcionarios de la entidad se sorprendieron al notar que su camioneta particular iba llena de documentos y carpetas con información oficial de la entidad.
Esa tarde en Marzo de 2015 fue el último día de los casi cuatro años en que este economista pastuso y ex funcionario de la división de aviación del ejército y del Ministerio del Interior, fue el verdadero dueño y señor de la Unidad Nacional de Protección que vio nacer Andrés Villamizar quien fue su director desde el primer día de su creación en el 2011 cuando Germán Vargas Lleras era ministro del Interior en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.
Según el medio electrónico, Miranda salió del país en medio de presuntas irregularidades en la contratación de esquemas de protección que incluyen camionetas blindadas, escoltas y chalecos antibalas, entre otros.
El medio señala que Alonso Miranda, amigo cercano del exdirector de la UNP Andrés Villamizar, gozaba de privilegios como “tener esquemas de seguridad, escoltas y camionetas blindadas sin previo estudio de riesgo y pese a que según la reglamentación sus cargos no ameritaban un esquema de seguridad”.
La sorpresiva renuncia de Villamizar el 25 de diciembre de 2014 solicitada por el Presidente Santos y el informe de la Contraloría que estaba en camino en el que sabía no quedaría bien parado como acaba de suceder con el informe recientemente revelado, así como las tensiones con el nuevo director el cucuteño Diego Mora, precipitaron la decisión de Miranda de buscar una salida fugaz.
Con el retiro de Villamizar, Miranda quedó durante dos semanas encargado con lo cual tuvo acceso a toda la información de entidad pero antes que facilitarlo, obstaculizó el empalme con comportamientos indelicados como no haber entregado oportunamente dos camionetas que tenía a su cargo.
Una de las carpetas que la nueva dirección no encontró fue la correspondiente a un contrato de diciembre de 2014 por valor $900 millones con una adición de $450 firmado entre Alonso Miranda y la firma CSL Trading S.A.S, para la supervisión de los esquemas, del cual no existe rastro aunque si figuran los respectivos pagos en tesorería. Miranda ofició como interventor y supervisor del contrato.
Llovieron todo tipo de denuncias de irregularidades especialmente las realizadas por el equipo de investigación y defensores de derechos humanos Grupo Nizcor. Identificaron tres contratos adjudicados directamente a la empresa Net Logistyc Colombia S.A.S por valor de 1.793 millones de pesos para la supervisión de los operadores de vehículos y la instalación de un Software, que según informes de la entidad nunca operó.
Se habla también de un convenio para compra de 1.500 armas marca Glok, de las cuales solo habrían llegado 1.200 las cuales además fueron cuestionadas por defensores de derechos humanos, ya que eran calibre punto 40, es decir que más que armas para protección parecían fusiles de asalto.
Las denuncias fueron llegando a los organismos de control y fue la contralora Sandra Morelli quien se ocupó de iniciar una investigación fiscal que ha continuó Edgardo Maya y que esta semana dio frutos. Los que derivan en un detrimento patrimonial de $70 mil millones puede poner en serios aprietos al equipo directivo.
Sobre este tema la Contraloría General de la República graves deficiencias e irregularidades en materia de contratación en la entidad como:
Se alquilaron chalecos blindados cuando se tenían guardados elementos similares
Un hallazgo de esta auditoría tiene que ver con el alquiler de chalecos blindados en 9 contratos de 2014, cuando en el Almacén de la Unidad Nacional de Protección se contaba con disponibilidad de estos elementos.
“Esta situación presupone una gestión antieconómica porque a pesar de la adquisición de chalecos blindados, los mismos no fueron entregados a los esquemas de protección y por el contrario se continuó pagando su alquiler, cuando en el Almacén se tuvo una disponibilidad promedio mensual de 5.795 de estos elementos”.
En este caso, se presenta un presunto detrimento patrimonial, derivado de este alquiler -el cual suma $225 millones- por los pagos efectuados por este ítem en los mencionados contratos.
Se compraron 1.699 pistolas y la entidad no alcanza a tener 400 escoltas
A través de 3 contratos la UNP adquirió 1.699 pistolas automáticas calibre 40 y 139.852 cartuchos de munición, en desarrollo de un Proyecto de Inversión por valor de $6.500 millones, que presupuestalmente se ejecutó en $6.153 millones.
A noviembre de 2014 ingresaron a la bodega de armas de la UNP 1.380 pistolas y estaban pendientes de recibir 319.
Según la Contraloría, al analizar el número de armas adquiridas frente a la cantidad de escoltas la planta de personal de la Entidad, que no superan los 400, se observan debilidades en la planeación del proyecto y suscripción de los contratos derivados del mismo, al realizar una compra que no está en proporción a las necesidades de la UNP.
Es de anotar que estas armas tienen una vida útil de 10 años y 40.000 disparos y dado el número de funcionarios con que cuenta la Entidad para labores de protección, se evidencia un riesgo de deterioro por no ser utilizadas.
Una de las justificaciones de la adquisición se sustenta en la pretensión de ampliar la planta de personal de escoltas, lo que no se ha podido materializar a la fecha. Además, al momento de formular y suscribir los contratos de adquisición de estas armas, la UNP había comprometido recursos (con vigencias futuras) para el alquiler de armas en 2012, 2013 y parte de 2014, a través de la tercerización del servicio de personal de protección.
Cuentas pagadas sin los debidos soportes: se pagaron $800 millones por combustible y no hay respaldo de facturas
Se encontraron múltiples casos de cuentas pagadas sin evidencia de los soportes correspondientes. Así, por ejemplo, la cuenta con obligación No. 636514, cancelada con orden de pago No. 3368515 del 16 de enero de 2015, por concepto de combustible, por valor de $800 millones de pesos, no cuenta con facturas ni recibido a satisfacción.
Uno de los hallazgos detectados tiene que ver con una cuenta por pagar de servicio de alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales:
“La Entidad registró una cuenta por pagar con las facturas Nos. 6859 y 1522 expedidas el 9 de enero de 2015, por valor de $55,6 millones cada una, por concepto de alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales como apoyo al programa de protección”, sin embargo en las facturas no se describen ni el número total de vehículos ni el período de prestación del servicio”.
Igualmente, las actas de recibo a satisfacción carecen de esta información, pues no se detalla el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, información indispensable para que la Entidad pueda confrontar y/o comprobar si los valores cobrados corresponden a los servicios suministrados”.
Así mismo, el pago de las cuentas con obligación Nos. 640214 y 640314, por concepto de alquiler de 106 vehículos blindados, durante el período comprendido entre el 27 de noviembre y el 26 de diciembre se realizó con soportes que presentan inconsistencias: las obligaciones fueron canceladas con fotocopias de facturas y no con las originales y los valores de las cuentas por pagar, no coinciden con los descritos en las copias de las facturas.
Tomado del portal web “Las Dos Orillas”.