La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encontró que entre 2013 y 2014 las empresas de servicios públicos cobraron $475.581 millones de más a las capitales de departamento y a algunos municipios de población superior a los 100.000 habitantes, por cuenta del servicio de acueducto que prestaron a las personas menos favorecidas.

Es decir, las empresas están cobrando más subsidio del autorizado, no están utilizando el recaudo por contribuciones solidarias para financiar los subsidios y los municipios no verifican las cuentas de cobros presentadas.

En 2013 los cobros de más, por concepto de subsidio por el servicio de acueducto para los más pobres, fueron por de $236.176 millones y en 2014 por 239.405 millones.

De los $475.581 millones que las empresas de servicios públicos cobraron de más, $184.878 millones correspondieron a recursos de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones ($123.636 millones por el 2013 y $61.242 por el 2014) y el resto a recursos de los ingresos corrientes de dichas ciudades.

La transferencia de participaciones para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones del 2013, para las ciudades analizadas, alcanzó los $254.462 millones, y de esos recursos, el 48.5% se utilizó en pagos adicionales.

Para el 2014 las participaciones giradas a las ciudades analizadas fueron de $270.426 millones y un 22.6% de dichos recursos fue utilizado en pagos adicionales.

En 2014 la ineficiencia del uso de los recursos se redujo al 22.6% porque Bogotá no reportó el pago de aproximadamente $100.000 millones correspondientes a subsidios.

Vale la pena señalar que los subsidios para el servicio de acueducto para los más vulnerables se financian con el impuesto llamado contribución solidaria, que se les cobra a los usuarios industriales, comerciales y residenciales de los estratos 5 y 6, y es liquidado en la factura directamente por los prestadores.

Pero en muchas ocasiones estos recursos no son suficientes, razón por la cual los prestadores (las empresas de servicios) le cobran a los municipios el faltante.

Ese valor se denomina déficit por subsidios y para financiarlo se permite que los municipios destinen recursos del Sistema General de Participaciones y si estos no son suficientes, utilizar sus recursos propios.

Sin embargo, la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones y/o propios de las entidades territoriales al pago de subsidios se realiza en detrimento de la inversión que se debe realizar para garantizar la prestación de un servicio público de acueducto en condiciones óptimas de calidad, continuidad y cobertura.