Este miércoles el fiscal Eduardo Montealegre ordenó a la unidad de análisis de contexto que suspenda las imputaciones que tenía preparadas para los integrantes de la cúpula de las Farc, mientras se adelanta el ajuste de la metodología frente al modelo de justicia transicional firmado en La Habana (Cuba).

“Ordené que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las Frac. La Fiscalía tenía programado es este segundo semestre realizar imputaciones contra más de 50 miembros de la cúpula de las Farc, es decir, del secretariado, por graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó Montealegre.

De acuerdo con Montealegre, el modelo firmado de justicia transicional es muy diferente al sistema penal acusatorio, hecho que obliga a la Fiscalía a impartir el mismo en el modelo de investigación y juzgamiento para la cúpula de las Farc por violaciones a los derechos humanos.

“Pese a que la Fiscalía sigue siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación en la violación de los derechos humanos”, aseguró Montealegre.

Por lo tanto, la Fiscalía General tendrá que presentar informes ante la jurisdicción y el tribunal que se creará para la aplicación de esta nueva metodología de investigación.

La Fiscalía presentará un documento de contexto frente a las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las Farc durante el conflicto armado, como el tema de violaciones al DIH, secuestro, reclutamiento de menores, violencia de género, entre otros.

“En este informe la Fiscalía General no hará imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las Farc ni a sus dirigentes sino que se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los derechos humanos por parte de la cúpula de las Farc y por todos los miembros de la insurgencia colombiana”, indicó Montealegre.

Por último, el funcionario dijo que con el nuevo sistema de justicia que se aplicará para juzgar a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen, a aproximadamente 15.000 guerrilleros no se les adelantarán procesos y los que estén en las cáceles y hayan pagado más de ocho años de pena podrán quedar en libertad.