La gestión fiscal adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura, como ejecutor de los recursos asignados a la Rama Judicial, no pasó el examen que realizó la Contraloría General de la República al auditar la vigencia 2014.

El organismo de control conceptuó como desfavorable su gestión y resultados, no feneció su cuenta y emitió opinión negativa sobre sus estados contables para la vigencia pasada.

En desarrollo de esta auditoría, se establecieron 84 hallazgos administrativos, 12 de ellos con presunta connotación disciplinaria.

Para la CGR, la gestión de la entidad tuvo un concepto desfavorable en la vigencia 2014, pues persiste la incapacidad del CSJ para ejecutar oportunamente los recursos de inversión entregados a la Rama Judicial, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales.

En el presupuesto de 2014 se aprobaron a esta entidad recursos de inversión por $447.719 millones – incluyendo adiciones presupuestales. Sin embargo, ese monto se redujo en un 40% ($179.340 millones), con lo cual la apropiación definitiva pasó a ser de $268.379 millones.

Y, por falta de oportunidad en la aprobación de los planes de inversión y de gestión de las Unidades Ejecutoras del CSJ a cargo de los proyectos, quedaron $57.592 millones en reserva presupuestal (con lo cual se excedieron los límites establecidos en la norma presupuestal).

Esto quiere decir que para la vigencia 2014 la ejecución de la inversión de la entidad tan solo llegó al 47% del valor asignado, monto que asciende a $210.787 millones.

También generó para la vigencia 2014 una “pérdida de apropiación presupuestal” en los recursos de inversión del 7%, que en valores absolutos es representativo pues asciende a $17.873 millones, dado que la apropiación presupuestal fue de $268.379 millones y los compromisos ascendieron a $250.506 millones.

Esta situación se debe a la falta de oportunidad y celeridad en las decisiones por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la aprobación de los planes de inversión, consideró la CGR.