Este lunes la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una indemnización a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por los atentados terroristas registrados en Bogotá el de agosto de 2002 en el barrio La Floresta durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República.

El alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio puesto que existía información que permitía inferir sobre una “oleada” de ataques terroristas durante la posesión del primer mandatario. En este sentido se indicó que diferentes grupos armados ilegales habían hecho diferentes amenazas.

“El atentado terrorista estaba dirigido a la Escuela Militar de Cadetes y Estación XII de Policía hecho por el cual las viviendas ubicadas en sus alrededores corrían un grave riesgo, enfatizando que fueron estos los que sufrieron daños materiales tras el lanzamiento de varios rockets”, señaló el alto tribunal.

A lo anterior, agregó: “Resultaba previsible para las autoridades públicas, ya que dentro de las pruebas allegadas, en especial la investigación penal adelantada y la información publicada por los medios de comunicación, se evidenciaba sobre las amenazas en torno a la posesión del presidente de la República”.

Por último, el Consejo de Estado determinó que existió un daño material por parte de la entidad demandada frente a los hechos registrados ese día, ya que debieron ejercer un mayor control puesto que no se puede hablar de hechos terroristas aislados, sino de “ataques directos contra la estabilidad de orden constitucional representados en este caso por los establecimientos”.