El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, planteó inquietudes y advertencias sobre el “supuesto” acuerdo en materia de justicia alcanzada con la guerrilla el 23 de septiembre, enfatizando en que a su juicio “existen sectores en Colombia que parecen más preocupados por la impunidad que por la justicia».

El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público fue este martes ante los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), ante quienes enfatizó sobre los riesgos que significa que sectores sociales, políticos e incluso institucionales del país promuevan, en supuesto nombre de la paz, que los mecanismos de justicia no respondan a los estándares internacionales y excluyan de sus bases figuras como la delación, útil para determinar responsabilidades en los crímenes y por ende vital para el esclarecimiento de los hechos objeto de la justicia transicional.

“Hay quienes interpretan que el ‘reconocimiento’ que evitaría la cárcel se reduce a la aceptación de lo que en la jurisdicción especial se recopile y se le presente al agente estatal. Por tanto, la actuación judicial terminaría con una sentencia sobre los hechos reconocidos, sin que el condenado tuviera que revelar en detalle lo que conozca del crimen, entre otras cosas, quiénes fueron sus cómplices y si sus superiores conocían los hechos. Sé, inclusive, que se ha mencionado que el modelo está diseñado para que no exista ‘delación’”, explicó.

Insistiendo en la necesidad de “blindar” los acuerdos de paz para que tengan sostenibilidad jurídica, política y social, el jefe del órgano de control recalcó que sin verdad, reparación efectiva y justicia real, es decir, penas privativas de la libertad efectivas para los máximos responsables de crímenes atroces, no podrán garantizarse los derechos de las víctimas.

“Les voy a ser muy franco. Se trata es de blindarse para no dejar cabos sueltos, para que no se metan por ahí. Es un absoluto riesgo que existan sectores cuya preocupación sea que no exista delación, denuncia de lo sucedido y de los responsables. Parecen más preocupados por la impunidad que por la justicia. Si fuera así, el procedimiento dejaría de constituir una auténtica investigación judicial, ese es un riesgo”, puntualizó.

“Amarrar” a los funcionarios judiciales para que no puedan determinar la verdad en los procesos es el camino equivocado, señaló el procurador Ordóñez Maldonado, quien con base en la poca información relativa al acuerdo en justicia de Gobierno y FARC planteó nuevas inquietudes.

“¿Se quiere que a partir del reconocimiento y sobre los hechos reconocidos no se exija que se revele la verdad plena sobre los mismos? ¿Se quiere que no se esté obligado a revelar quiénes más están involucrados? Es al menos ingenuo creer que la justicia será simple de trámite, simples notarios. Se equivocan si creen quienes creen que eso les dará seguridad jurídica”.

El jefe del Ministerio Público recordó a miembros de las FARC y a agentes estatales responsables de crímenes atroces que su único blindaje es el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia transicional, haciendo un llamado a no creer en propuestas y tesis “exóticas” que intentan justificarse en una voluntad de paz que comparten todos los colombianos.

“La única seguridad jurídica posible para los agentes del Estado, para los militares y policías y para los señores de las FARC se deriva de cumplir con los mínimos penales frente a los crímenes internacionales. Quienes les dicen que están blindados y se inventan exóticas teorías para justificarlo, en realidad, los invitan a dar un salto al vacío. Los empujan al vacío. Una cosa sí es segura. Si no hay penas proporcionales, si no hay verdad plena, si se pretende que el ‘reconocimiento’ excluya la ‘delación’ para proteger a ciertos responsables, sin ninguna duda muchos van a vivir el resto de sus vidas con el fantasma de la justicia penal”, concluyó.

En su intervención, el procurador reiteró la importancia que tiene para el país que el Gobierno Nacional dé a conocer la totalidad del acuerdo alcanzado con el grupo terrorista FARC en materia de justicia.