–Para que se garantice «seguridad para la movilización y la protesta social», las Farc exigieron al gobierno colombiano desmontar el «Escuadrón Móvil Antidisturbios» (ESMAD) de la Policía Nacional y al mismo tiempo insistieron en la creación de lo que denominan “Territorios especiales de construcción de paz – TERREPAZ”, estableciendo que esas zonas geográficas deberán estar «desmilitarizadas» y bajo un aparato de seguridad conformado por sus propios integrantes.

Igualmente plantearon que se les debe otorgar «personería jurídica incondicional e indefinida» al movimiento política que pretenden crear tras la dejación de las armas, para la cual también reclaman «condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar».

Eso sí afirman que «el aparato de seguridad requerido, estará conformado por miembros de la nueva organización política».

Las nuevas demandas están incluidas en la octava propuesta sobre el fin del conflicto referida a garantías de seguridad integral parsa la población en general y para el movimiento político en que se transformen las Farc».

En cuanto al punto de garantías de seguridad para los Territorios especiales de construcción de paz, dicen que «serán provistos de condiciones particulares y excepcionales de protección y garantías de seguridad, considerando el papel central que desempeñarán para la implementación de los acuerdos de paz y agregan que la condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada y de naturaleza comunitaria, a través de planes y medidas construidas en forma concertada con la organización política surgida del paso de las Farc a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones.

En el comunicado hacen adicionalmente las siguientes precisiones:

Garantías especiales para el movimiento político en el que se transformen las Farc. Para sus militantes la provisión de tales garantías comprende, entre otras, el otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida, las condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar. El aparato de seguridad requerido, estará conformado por miembros de la nueva organización política.

-Conformación de “Comisión especial y permanente de seguridad”, que tendrá la función de elaborar un “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”. En dicho proceso, se garantizará la participación en la Comisión, de representantes de las organizaciones políticas y sociales y de los territorios.

-Diseño e implementación del “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”, el cual, en materia de garantías, se fundamentará en lo señalado por los numerales de esta propuesta y hará parte del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz- PLANPAZ”.

– Normatividad e institucionalidad excepcional para la provisión de garantías de seguridad, lo cual implica que las políticas, medidas y acciones aquí propuestas adquieran fuerza normativa mediante su incorporación al ordenamiento jurídico y se acompañen de la creación de la institucionalidad correspondiente.

– Acompañamiento internacional a la provisión e implementación de garantías de seguridad. Todas las políticas, medidas y acciones aquí propuestas tendrán en su implementación el acompañamiento de Naciones Unidas, de la UNASUR y la CELAC.