El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante su intervención ante la Comisión Séptima del Senado de la República, instruyó a sus procuradores delegados para que inicien procesos disciplinarios contra los funcionarios de las EPS públicas del país

Para el jefe del Ministerio Público, si bien es cierto existen decisiones por parte de la Superintendencia de Salud, las conductas que va a verificar la Procuraduría buscan por una parte sancionar de manera ejemplarizante a los servidores de las EPS públicas y privadas que no disponen el pago de sus obligaciones, a pesar de haber conciliado y contar con el recurso correspondiente, y por otra “(…) obtener el cumplimiento de los compromisos adquiridos con fundamento en la Circular 030”, expedida en el año 2013 por el Ministerio de Salud.

Igual instrucción dio con respecto a las autoridades territoriales que teniendo recursos no hayan cancelado la parte pertinente al no pos o al esfuerzo propio, pues no existe ninguna explicación administrativa para no haber pagado a pesar de contar con el dinero en el presupuesto, desatendiendo los deberes que claramente les establece la ley.

Al mismo tiempo recordó a las autoridades territoriales el deber que les asiste de acudir sin dilación a las mesas técnicas de la Circular 030 de 2013.

Con respecto a la situación del Hospital Universitario del Valle del Cauca, el procurador general anunció que antes de tres meses habrá decisiones frente a ocho investigaciones que llevan las delegadas de Contratación y de Vigilancia Administrativa por quejas recibidas directamente por el jefe del Ministerio Público durante su visita a Cali en el mes de agosto, y que dan cuenta de situaciones que se vienen presentando en este centro asistencial.

En su intervención también hizo referencia a la situación manifestada por 34 jueces laborales que en reunión sostenida con la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social pusieron en conocimiento de la Procuraduría, que como resultado de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura están recibiendo los procesos relacionados con todas las deudas del Sistema de Salud, especialmente las del Fosyga con la red pública, para que procedan como jueces laborales cuando, según lo manifiestan ellos, no tienen la capacidad técnica ni la experticia para que en un proceso oral, de dos horas, determinen deudas por 100 mil o 200 mil millones de pesos.

Al respecto indicó que la Procuraduría dentro de sus competencias preventivas realizará una próxima mesa de trabajo el 9 de diciembre de esta anualidad.

De otra parte, manifestó que desde las delegadas del Trabajo y la Seguridad Social y Asuntos Territoriales, la Entidad ha actuado de manera preventiva promoviendo mesas de trabajo tendientes al logro de acuerdos de pago; ha reiterado a los competentes la obligación de cumplir con lo establecido por la Circular 30 de 2013; ha trabajado con las EPS para encontrar las dificultades en el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema, y ha requerido a las diversas instituciones para que realicen los pagos a las IPS y a las EPS.

Insistió en que desde el año 2010 la Procuraduría ha venido promoviendo la ley de punto final en materia de salud para evitar un colapso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puesto que es necesario separar las cuentas de las deudas antiguas, para que no se afecte el flujo corriente que es uno de los cuellos de botella más sensibles en este momento.

Finalmente, y a propósito de la liquidación de Saludcoop y la próxima de Caprecom señaló que las liquidaciones se rigen por las normas del sistema financiero y la graduación de acreencias del Código Civil, lo cual no garantiza un pronto pago, es decir que esta situación se puede incrementar, uno, dos o tres años, lo cual, sería el hueco negro, no del sistema de salud, sino de la institucionalidad, porque la dosis de credibilidad y de confianza resultarían terriblemente afectadas.