Un pormenorizado análisis sobre la crítica situación carcelaria en el país hizo el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla en debate de control en la Comisión Séptima de la cámara alta, señalando que los reclusos en Colombia reciben un trato cruel e inhumano que viola tanto los derechos humanos como la Constitución.

Castilla en el debate citó la sentencia T-153 del 98 en la que la Corte Constitucional afirmó que la situación carcelaria reflejaba un estado de cosas inconstitucional, ya que en las prisiones de Colombia se violan de manera sistemática los derechos de las personas privadas de la libertad.

Hoy, 15 años después, dijo el congresista del Polo, la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad continúa y tiende a empeorar, las circunstancias en las que las personas deben pagar su pena son inhumanas y degradantes. De ahí que en el año 2013, en la sentencia T-388, la Corte declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional, para mostrar la persistencia de la vulneración de derechos de los reclusos.

Observó que las cárceles colombianas se caracterizan por negarle a los reclusos el derecho a la salud, al agua y a alimentación adecuada, derechos que no pueden ser suspendidos por el hecho de estar privados de la libertad. El senador Castilla hizo especial énfasis en el hacinamiento carcelario, que en la actualidad llega al 53%. En cárceles como la de Riohacha el hacinamiento llega al 478%, en Santa Marta al 403%, y en la cárcel distrital de Valledupar al 387%. Las cifras hablan por sí solas, los reclusos son sometidos a permanentes violaciones de derechos humanos y se les niegan condiciones que les permitan una vida digna. Valga anotar que según los estándares internacionales, un hacinamiento de 20% refleja un estado de “sobrepoblación crítica”.

Luego que el senador Castilla, con cifras y testimonios evidenciará la grave situación carcelaria, hizo varias exigencias al Gobierno Nacional. El congresista demanda al gobierno a cumplir sin más dilaciones lO estipulado por la Corte Constitucional en la T-388 de 2013; eliminar la intermediación en salud en el sistema penitenciario para la atención intramural en los niveles I y II; adelantar un programa de promoción y prevención en salud para el conjunto del sistema penitenciario; liberación inmediata de los presos políticos por razones humanitarias y de los presos sociales que se encuentran en estado grave de salud; diseñar y poner en marcha un plan de choque que permita solucionar graves problemas de infraestructura, saneamiento básico, alimentación, agua y servicios públicos.

El Congresista solicitó también el cierre inmediato de la cárcel “La Tramacúa” de Valledupar, ante los graves problemas de suministro de agua, contaminación de alimentos, y malas condiciones de infraestructura que vulneran el derecho a la salud de la población privada de la libertad en ese centro carcelario.

Castilla hizo énfasis en exigirle al Ministerio de Justicia y al INPEC que le permitan a las organizaciones defensoras de derechos humanos el ingreso periódico a las cárceles del país para monitorear y visibilizar la difícil situación penitenciaria

Luego de escuchar a los miembros del Gobierno Nacional, el congresista del Polo Democrático dijo que todo indica que la grave situación carcelaria no va a solucionarse en el corto plazo, y que las medidas a tomar por el ejecutivo serán insuficientes para la magnitud del problema.