El fiscal general, Eduardo Montelagre, señaló este martes que está abierta la posibilidad de la participación de las Farc en política “aunque hayan sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos o por delitos internacionales”.

De acuerdo con el Fiscal General, “así se trate de delitos de crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, si el insurgente colabora y reconoce responsabilidades en el conflicto armado colombiano, puede ser favorecido con sanciones alternativas no restrictivas de la libertad”.

Montealegre dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz prevé sanciones restrictivas de la libertad en algún lugar del territorio, que deberán ser monitoreadas y vigiladas.

Asimismo, Montealegre dijo que el acuerdo alcanzado en La Habana permite destacar aspectos importantes como la Jurisdicción Especial de Paz, a través de la cual se definirá el tema de responsabilidad penal de todos los actores del conflicto en Colombia, de tal forma que se podrá investigar, acusar y sancionar a miembros de las FARC, de la fuerza pública y a un sector del entorno del paramilitarismo que hayan incurrido en delitos relacionados con el conflicto.

Entre tanto, manifestó el Fiscal General que en cuanto al paramilitarismo, aquellos que han sido investigados, acusados y sancionados conforme al proceso de Justicia y Paz no pasarán a la Jurisdicción Especial que se está discutiendo en La Habana.

“Sólo pasarán los casos de los más de 15 mil procesos de compulsas de copias (envío de copias del proceso al funcionario judicial competente para abrir investigación) que se han hecho en Justicia y Paz y que tienen qué ven con el entorno económico y político del paramilitarismo, que no entró en esa instancia”, afirmó Montealegre.

Finalmente, Montealegre agregó que el acuerdo de La Habana mantiene el fuero constitucional de los actos cometidos por presidentes de la República. “Los hechos que haya cometido un presidente durante el ejercicio del cargo y que tengan relación con la función de Presidente no irán a Jurisdicción Especial de Paz”.

No habrá amnistías absolutas

El acuerdo firmado en La Habana, afirmó el Fiscal General, excluye la posibilidad de amnistías e indultos por delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra. Sin embargo, el acuerdo establece la posibilidad de dar amnistías más amplias para los delitos políticos y los conexos con estos, que incluyen los tipos penales relacionados con la financiación de la actividad insurgente en Colombia.

“Se consagra y criterio muy amplio de conexidad que daría la posibilidad de que los delitos de narcotráfico que tengan relación directa con las actividades de la insurgencia podrían ser objeto de amnistías e indultos en Colombia”, reiteró Montealegre.

Se asumirán competencias disciplinarias

La Jurisdicción Especial de Paz, también asumirá competencias disciplinarias para conductas relacionadas con el conflicto.

Dichas capacidades “le permitirán a la Jurisdicción Especial, inclusive, resolver sobre la anulación de sanciones que haya impuesto la Procuraduría General de la Nación o cualquier otra entidad disciplinaria en Colombia, por conductas relacionadas con el conflicto armado en Colombia”.

De otro lado, dice el Fiscal, el acuerdo establece la no extradición por delitos cometidos antes de la firma de los acuerdos de paz en La Habana y que tengan relación con el conflicto armado. “Se establece que hechos realizados con posterioridad a dicha firma no tendrán la garantía absoluta automática y absoluta de no extradición”, puntualizó.

Dos modelos de investigación

Para las personas que acepten, de manera integral la responsabilidad de los hechos, colaboren en la reconstrucción de los hechos y reparación de las víctimas, tendrán la posibilidad de sanciones restrictivas, pero no privativas de la libertad.

En el caso de aquellas que no acepten responsabilidades, “pueden existir penas privativas de la libertad que pueden llegar hasta 20 años de prisión por graves violaciones a los Derechos Humanos”, aseguró Montealegre.

De otro lado, el Fiscal General dijo el que la Jurisdicción Especial de Paz no sólo tendrá en cuenta los informes de la Fiscalía sino todos aquellos del Estados colombiano y organizaciones no gubernamentales. Una vez firmado los acuerdos, comenzaría a funcionar un órgano de instrucción y acusación especial que se creará para aquellos casos donde no haya aceptación de responsabilidad.

“La elección de los magistrados del Tribunal Especial de Paz tiene que ser un modelo que garantice la autonomía y la independencia de ellos y no podrá existir una designación directa por las partes negociadoras en La Habana. Los elementos de elección de los mismos tendrán que cumplir con los principios fundamentales de autonomía e independencia judicial”, agregó Montealegre.