Estado y sociedad civil se unen por primera vez para mejorar condiciones de los reclusos del país
Presidida por el Viceministro de Política Criminal, Carlos Medina Ramírez, la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario sesionó por primera vez este miércoles. Este órgano trabajará de manera permanente y se encargará de asesorar al Consejo Superior de Política Criminal y a las autoridades penitenciarias con el fin de mejorar las condiciones de Derechos Humanos en los penales del país.
“Somos conscientes de que el Estado tiene tareas por cumplir en el sistema penitenciario y carcelario, responsabilidades que debemos exigir y cumplir en todos los órdenes. Queremos poner en evidencia las fallas y los retos que debemos enfrentar en cuanto al sistema carcelario”, señaló el Viceministro.
El alto funcionario destacó que el objetivo de la Comisión es que este Sistema sea un escenario más humano, en el que el individuo, la resocialización y el respeto por los Derechos Humanos sean la esencia. “Necesitamos que la sociedad y el Estado les respondan a los 121.300 ciudadanos que se encuentran pagando penas intramuros”, finalizó Medina.
La Comisión estableció que en el primer semestre de 2016 los comisionados se dividirán para empezar a laborar en dos grupos de trabajo, en temas de salud y hacinamiento carcelario. A partir de junio, bajo el mismo esquema se iniciarán otras discusiones sobre tratamiento penitenciario y derechos humanos.
Este órgano deberá reunirse por lo menos una vez cada dos meses y tendrá la obligación de presentar un informe anual al Gobierno Nacional. Entre sus funciones están las de evaluar y estudiar la normatividad existente en materia penitenciaria y carcelaria; monitorear de manera continua y permanente el estado de hacinamiento del sistema y de cada uno de los establecimientos penitenciarios que lo conforman; y revisar las condiciones que garanticen la provisión de servicios de calidad.
Por parte del Estado, los miembros permanentes son los Ministerios de Justicia, Salud y Educación, el Instituto Penitenciario y Carcelario, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Consejo Superior de la Judicatura (o quien haga sus veces).
En representación de la sociedad civil tendrán voz y voto la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los exmagistrados Ricardo Calvete Rangel y Fernando Arboleda Ripoll, y los académicos Jaime Camacho Flórez (Universidad del Rosario), Ana Lucía Moncayo Albornoz (Universidad Externado) y Oliverio Caldas Bermúdez (Universidad Nacional). Los invitados permanentes con voz serán el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Derechos Humanos del Senado.