El Juzgado 31 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, profirió medida de aseguramiento en la penitenciaria La Picota, contra James Francisco Arias Vásquez como responsable de los delitos de cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito.

Arias Vásquez aceptó públicamente los hechos presentados por el ente acusador, que lo podría beneficiar, si el juez lo admite, con descuento de hasta el 50 por ciento de la pena. Se trata, dijo el fiscal del caso, de delitos graves que atentaron contra el patrimonio del Estado.

El Fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, manifestó que desde hace tiempo se realiza una investigación conjunta con la Policía Nacional y se encontró que Arias lideraba una red internacional dedicada a traer chatarra de contrabando desde Venezuela, especialmente cobre y otros residuos industriales. Esta indagación se realiza cubriendo operaciones de Arias que realiza desde el 2006 hasta comienzos del 2015.

Sin embargo, explicó Perdomo, el ilícito ocurría de dos formas. En primer término, el ya descrito contrabando desde Venezuela y en segundo lugar las compras hechas de chatarra colombiana para exportarlas, pero se trataba de compras ficticias de este material. El negocio se daba cuando presentaba los documentos para que se realizaran las respectivas devoluciones que la ley ordena haga la DIAN a quienes hacen exportaciones de estos productos.

Es decir, no hubo compras a proveedores nacionales ni operaciones reales, todo fue ficticio. “Para comprender el tamaño del dinero que movía esta organización delictiva, por ejemplo, solo en el 2010, “James Arias, a través de su empresa Mundo Metal, exportó material de chatarra por un valor aproximado de 420.000 millones de pesos”.

Durante la audiencia pública, el delegado del ente acusador manifestó que contra Arias se había expedido una orden de captura en marzo del 2105, que solo hasta hace poco pudo hacerse efectiva. “Es una persona que pertenece a una organización con un gran músculo económico y, por tener una pena alta estos delitos, aun aceptando cargos, es necesaria la solicitud de la Fiscalía de imponer la medida restrictiva de la libertad, tras el riesgo de fuga en este caso en particular”, sostuvo el funcionario judicial.

El fiscal del caso manifestó que la aceptación de cargos no implica que esta persona se somete a la justicia y cumple con los requerimientos de la administración de justicia en lo referente a una posibilidad de fuga. Al respecto, el juez afirmó que está de acuerdo con lo argumentado por la Fiscalía pues, “no es una situación menor. Es un caso excepcional y relevante que sin duda apunta a objetivos grandes de la delincuencia en la justicia colombiana por lo que es urgente la medida restrictiva de la libertad”.

Para el Fiscal General (e), esta es una de las más importantes acciones que se han presentado sobre el tema, puesto que desde que se realizan estas operaciones, 99 personas han sido vinculadas judicialmente (25 funcionarios públicos), de las que 61 fueron condenadas, hay 16 con sentencia pendiente y 22 en etapa de juicio.

Asimismo, contra Arias se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio contra 354 de sus bienes, entre lotes, apartamentos, bodegas y vehículos, avaluados en 200 mil millones de pesos.