La renuncia presentada hoy por el defensor delegado para asuntos constitucionales, Luis Manuel Castro, por considerar que el escándalo que involucra Jorge Armando Otálora, pone en riesgo la legitimidad de la entidad, agudizó la crisis al interior de la Defensoría del Pueblo.

La renuncia del funcionario se dio a través de una extensa carta, donde Castro calificó como desacertada la decisión de Otálora de no renunciar pese a las acusaciones de su exsecretaria privada de un presunto caso de acoso sexual.

“Renuncio porque considero que con su decisión de no separarse del cargo, la gestión de la Defensoría se verá afectada, especialmente, su legitimidad para asumir la defensa de los derechos de las mujeres”, dice la misiva de Castro.

Luis Manuel Castro dice que trató de convencer a Otálora para que renunciara a su cargo, pero que no tuvo éxito. La decisión del Defensor del Pueblo de dimitir no supondría necesariamente la aceptación de la responsabilidad penal o disciplinaria, según dice la carta.

Señaló que renunció como muestra de solidaridad con las mujeres que buscan la superación de patrones históricos de discriminación y violencia y que “hoy sienten desconfianza hacia un Defensor del Pueblo acusado de incurrir en esos patrones”.

“La gravedad de las denuncias en su contra deslegitimarán de aquí en adelante los pronunciamientos que usted como Defensor del Pueblo realice , específicamente, si están relacionados con los derechos de las mujeres, pues el contenido de los señalamientos hace que su autoridad moral en estos momentos esté cuestionada para asumir la defensa de este tipo de derechos”, dice la carta.

El defensor delegado para asuntos constitucionales, le sugirió a Otálora asumir su defensa separado de su cargo y señaló, además, que resulta “problemático” utilizar el argumento de que la situación pertenece a su esfera privada.

Si el defensor Otálora insiste en mantenerse en el cargo, invisibilizará la labor de la Defensoría al señalar que toda la atención mediática se centrará en la polémica, argumentó Castro.

Indicó el funcionario que espera que el Defensor del Pueblo tenga todas las garantías procesales; pero así mismo manifestó su deseo de que el respeto por la Defensoría sea superior al interés de Otálora de demostrar la falsedad de las acusaciones de su exsecretaria privada.