–El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez anunció en las últimas horas que también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanios, CIDH,y a otras instancias internacionales para demostrar con pruebas la persecución del Fiscal General de Colombia Eduardo Montealegre contra su familia, sus colaboradores y dirigentes de su partido Centro Democrático.

Uribe Vélez hizo el anuncio tras la visita que realizó este lunes el Fiscal Montealegre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Wshington, según dijo, para entregar las pruebas que demuestran que “en Colombia no hay persecución judicial a la oposición”.

En un comunicado, el expresidente Uribe señaló que “no existe precedente de que un Fiscal General acuda en persona, sin haber sido invitado, a dar cuenta de investigaciones que se supone llevan a su cargo fiscales autónomos e independientes”.

Agregó que con esto “queda demostrado que en las investigaciones contra Santiago Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, es el propio Montealegre quien está a cargo, no los fiscales delegados para cada caso”.

Igualmente Uribe Vélez señaló que “esta actuación del Fiscal, a poco más de una semana de concluir periodo, da fe del encono personal y el ánimo discriminatorio que lo animan en todo lo relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, su familia, sus colaboradores y el Centro Democrático en general”.

“No deja de sorprender el contraste entre la celeridad de Montealegre para perseguirnos dentro y fuera de Colombia y su lentitud calculada para esclarecer el carrusel de la contratación en la propia Fiscalía o el desfalco de los dineros de la salud en Saludcoop”, puntualizó el exmandatario.

Finalmente Uribe Vélez señala que “haremos llegar a la CIDH y otras instancias internacionales las abundantes pruebas que desnudan este nuevo intento por esconder la realidad de que en Colombia la justicia se convirtió en un instrumento de intimidación política”.

En varios trinos también el expresidente Uribe Vélez fustigó al fiscal Montealegre, así:

-Seguiremos enfrentando x toda energía a este Fiscal enloquecido por su propia corrupción y su afán d acompañar a Santos en impunidad a Farc

-El Fiscal corrupto quiere tapar sus contratos defraudadores del Fisco con acusaciones a mi familia

-Fiscal corrupto sale a desacreditar a mis hijos sin que se conozca la investigación

-Fiscal corrupto puso preso a mi hermano después d 2 inhibitorios, 20 años d investigacion, removió fiscales q nada encontraron para acusarlo

-Mis compañeros de acción política y mi familia son el “contexto” de cortina del Fiscal para tapar su atraco a Saludcoop

-Tan afanado el Fiscal que se robó a SaludCoop que sale a contestar acciones internales no propuestas por mis hijos

-Fiscal corrupto removió a un fiscal q nada encontró contra mi hermano, lo cambió por otro d grupo político contrario que perdió el poligrafo

-Además de contestarle ante la Comisión Interamericana, mañana publicaremos video de Facebook sobre el Fiscal que se robó a Saludcoop

LA EXPLICACIÓN DEL FISCAL

Tras su visita a Washigton, el Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, emitió un comunicado en el cual afirma que demostró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que “en Colombia no hay persecución judicial a la oposición”.

En la página web de la Fiscalía, Montealegre hizo al respecto las siguientes precisiones:

En días pasados, algunos miembros del partido político Centro Democrático anunciaron que acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideran que diversas investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación son una presunta persecución judicial en su contra. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, presentó a la Comisión toda la documentación que soporta las decisiones que adelanta la Fiscalía.

De forma especial Montealegre aportó las pruebas que fundamentaron las actuaciones contra (1) el señor Santiago Uribe Vélez. Esta persona es investigada por los delitos de concierto para delinquir agravado (conformación de grupos paramilitares) y homicidio agravado (la muerte de Camilo Barrientos Durán) por hechos ocurridos en los primeros años de la década de 1990.

La investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos ha resultado sumamente compleja, entre otras razones, por el asesinato, la intimidación y el soborno de los principales testigos. La detención preventiva se ordenó con estricto apego a las garantías constitucionales y al procedimiento establecido en la ley. Asimismo, fueron respetadas celosamente las exigencias consagradas en la carta para imponer este tipo de medidas, lo cual implicó un estricto análisis de proporcionalidad y un respeto de los fines admitidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.

En el ordenamiento interno, Uribe Vélez cuenta con mecanismos para impugnar la decisión a través de la cual se le impuso medida de aseguramiento. Lo podrá hacer bien sea ante la propia Fiscalía, presentando los recursos ordinarios que considere pertinentes, o acudiendo ante los jueces competentes para que se ejerza el correspondiente control de legalidad.

(2) En relación con las investigaciones que se adelantan contra los ciudadanos colombianos Luis Alfonso Hoyos, Oscar Iván Zuluaga y David Zuluaga, estas tienen origen en la investigación y posterior condena del señor Andrés Fernando Sepúlveda Ardila (10 años de prisión) por los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso.

Acerca de Hoyos Aristizabal, la Fiscalía encontró que los elementos materiales probatorios recopilados eran suficientes para acusarlo por los delitos de espionaje, concierto para delinquir, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso y cohecho por dar u ofrecer.

Sobre los señores Zuluaga Escobar y Zuluaga Martínez, después de ser escuchados en diligencia de interrogatorio se siguen recopilando elementos materiales probatorios tendientes a esclarecer los hechos objeto de investigación.

(3) También es necesario informar a la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación de Colombia, entre los años 2011 y 2016, ha investigado y judicializado la defraudación a la Dirección de Impuestos de Colombia (DIAN) por un valor cercano al billón de pesos. Ésta se encuentra asociada a fenómenos criminales de contrabando de chatarra (excedentes industriales), textiles y ganado.

Dentro del modus operandi de la organización criminal, se identificó a James Arias Vásquez como uno de sus máximos responsables y quien aceptó su responsabilidad en varios delitos. En las operaciones comerciales del ciudadano Arias Vásquez se advirtió la existencia de una posible relación con la empresa Ecoeficiencia, de propiedad de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, por lo cual en la actualidad se adelanta una investigación para determinar si la relación entre Arias Vásquez y la empresa Ecoeficiencia fue de carácter criminal.

(4) Los ciudadanos Uribe Moreno denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación la existencia de presuntas presiones por parte de funcionarios del Gobierno Nacional y del propio ente acusador para que James Arias Vásquez declarara en su contra.

Ante tales manifestaciones, la Fiscalía adelantó las pesquisas necesarias con el fin de establecer la ocurrencia de los hechos denunciados, lo cual, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, ha resultado infructuoso pues los testigos directos de las presiones que denuncian los señores Uribe Moreno niegan la existencia de las mismas. Aunado a esto, tampoco ha sido posible verificar la veracidad de lo declarado por los testigos de oídas.

La Fiscalía destaca que todas sus actuaciones, incluida la detención preventiva del señor Santiago Uribe Velez, se ordenaron con estricto apego a las garantías constitucionales y al procedimiento establecido en la ley, y así se puede constatar en los documentos que se aportan a la Comisión. Asimismo, fueron respetadas celosamente las exigencias consagradas en la carta para imponer este tipo de medidas, lo cual implicó un estricto análisis de proporcionalidad y un respeto de los fines admitidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.

La Fiscalía recuerda igualmente que en el pasado diversas personas han sido condenadas por jueces y magistrados imparciales e independientes, incluida la Corte Suprema de Justicia, que no dependen funcionalmente de la Fiscalía. Entre estos casos se destacan las condenas contra:

(1) Jorge Noguera, director del DAS entre los años 2002 y 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

(2) Maria del Pilar Hurtado, directora del DAS en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

(3) Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura entre los años 2005 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

(4) Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien ante una corte de Virginia (Estados Unidos) que ayudó a paramilitares y narcotraficantes, incluso cuando fue jefe de seguridad.

(5) Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe durante el lapso 2004 y 2010, fue condenado también por interceptaciones ilegales.

En todos esos casos se salvaguardaron los principios y garantías constitucionales, el derecho de defensa y el debido proceso. Las decisiones se encuentran en firme y en ninguna de ellas se evidencia algún tipo de persecución política.